Puigdemont pide al TS que "revoque" su procesamiento y "adapte" la causa a la "realidad gestada por el Poder Ejecutivo y Legislativo"
MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han achacado a los prófugos del 1-O los cambios en su procesamiento --los últimos a causa de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación-- al recordar que en los cinco años que han pasado desde que el instructor del 'procés', Pablo Llarena, dictó el primero de esos autos "han eludido someterse a la Justicia".
Así se han pronunciado la jefa de los Servicios Jurídicos del Estado, Rosa María Seoane, y el fiscal Javier Zaragoza en la vista de apelación que se ha celebrado este jueves en el Tribunal Supremo (TS) por los recursos presentados por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí contra el último procesamiento acordado por Llarena a raíz de la citada reforma penal.
"Por las defensas se nos dice que no somos culpables, los togados, de estar aquí con todas las circunstancias sobrevenidas. Tengo que discrepar. Si estamos aquí, cinco años después, es porque cinco años después del auto de procesamiento los recurrentes no se han sometido a la Justicia", ha dicho Seoane en su turno de palabra.
En este sentido, ha señalado que, "por supuesto, se han dictado sentencias, por el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el de la UE", si bien ha enfatizado que si están "procesalmente congelados" es porque los encausados "han eludido someterse a la Justicia".
Al hilo, el fiscal Zaragoza --que ha intervenido después-- ha recalcado que "todo este empantanamiento procesal no ha sido obra ni del instructor ni de la Fiscalía ni de la Abogacía": "Ha sido de los recurrentes".
Ha incidido en que "todas las cuestiones" que han planteado este jueves las defensas "han sido planteadas una y otra vez ante el Supremo y tribunales internacionales"."Y están resueltas en todos estos años de debate judicial", ha dicho al tiempo que ha coincidido con la Abogacía en que "hay cuestiones" esgrimidas hoy que "se plantean fuera del objeto de recurso", en referencia al auto que dictó Llarena en marzo.
VEN "ABUSO DE DERECHO" Y "FRAUDE PROCESAL"
Seoane ha afeado a las defensas que aprovecharan la vista para plantear argumentos contra el auto de procesamiento de 2018 que "es firme". "No podemos pretender en este trámite que se modifiquen ni los hechos punibles recogidos en dicho auto ni que podamos revisar las calificaciones", ha explicado.
Para Zaragoza, los sucesivos recursos presentados por las defensas estos cinco años "descartan de por sí cualquier vulneración de derechos". A su juicio, es una "artimaña procesal", un "abuso de derecho" y un "fraude procesal".
En el marco de su intervención, la abogada del Estado ha asegurado que el debate sobre si se debe aplicar o no el Código Penal vigente deberá producirse, en su caso, en el juicio: "Debe producirse en un momento procesal distinto al que estamos".
Al término de su turno de palabra, ha asegurado que la Abogacía del Estado "no puede más que remitirse al auto de marzo de 2023" y solicitar "la desestimación de los recursos interpuestos" por las defensas.
El fiscal del Supremo ha aprovechado para defender que los acusados "no tienen una inmunidad parlamentaria sin límites" y avalar que se les atribuya el delito de malversación porque el dinero se destinó a un "fin ilícito e ilegítimo", al tiempo que ha recordado que la modificación del delito se hizo pensando en el desvío de fondos para fines distintos no delictivos o criminales.
PUIGDEMONT PIDE REVOCAR SU PROCESAMIENTO
Cabe recordar que en el caso de Puigedemont, el instructor del TS acordó sustituir la sedición por desobediencia y mantenerle procesado por malversación agravada, decisión en la que se ratificó luego tras rechazar un primer recurso del expresidente.
Con ello, Llarena también desestimó los recursos de las acusaciones, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que pedían que procesara a Puigdemont por un tercer delito: desórdenes públicos agravados.
Sin embargo, el expresidente volvió a impugnar, lo que ha propiciado que se celebre esta vista en fase de apelación, donde el tribunal decidirá si ratifica o corrige la decisión de Llarena.
Este jueves, la defensa de Puigdemont --a cargo también de la de Comín y Ponsatí-- ha pedido al TS que "revoque" su auto de procesamiento y su orden nacional de detención y que se "adapte" el procedimiento que se sigue en su contra a la "realidad gestada por el Poder Ejecutivo y Legislativo".
Gonzalo Boye ha reconocido que es "perfectamente consciente de que no es grato para esta Sala" que sus defendidos "se paseen por Europa". Pero ha insistido en que no pueden "entrar en los hechos" sin antes resolver "dónde estamos".
Así, ha recordado que vienen de un auto de procesamiento de 2018 que "ha quedado desfasado", dado que en esa resolución "hay una serie de hechos que ya no pueden formar parte de los hechos". "No nos vale para dictar una orden de detención nacional", ha apuntado.
Además, se ha pronunciado sobre la reforma legal. "No estoy de acuerdo", ha dicho, para luego incidir en que aún así hay que cumplirla, lo que, según ha alegado, conllevaría anular las órdenes de detención y volver a solicitar un suplicatorio ante la Eurocámara."Creemos que ha llegado el punto de poner orden y sentido común", ha dicho.
Respecto a Ponsatí, Boye ha asegurado que su situación "está más que clara". "Si los hechos que se le atribuyen son delictivos, están prescritos", ha señalado al recordar que han pasado más de cinco años desde que tuvo lugar el presunto delito de desobediencia.
EL ABOGADO DE PUIG NO VE PRUEBAS SUFICIENTES
Este jueves se ha pronunciado también la defensa de Puig, a cargo del abogado Miquel Samper, quien ha defendido que "no se ha hallado" prueba alguna respecto a su cliente.
"Creemos que es evidente que no se ha podido constatar un acto obligacional por parte de Puig en ningún momento y debería decaer su procesamiento por malversación. Unipost no ha generado ningún gasto y no existe ninguna obligación contraída por el departamento o por Puig", ha señalado.
Al hilo, ha asegurado que "es sabido que de Unipost no hubo ningún pago" y que "nunca va a haber un perjuicio económico contra el erario público de la Generalitat". Además, ha recalcado que aunque Dolors Bassa fue condenada por esos hechos no se puede dar por "cierto" lo recogido en la sentencia del 'procés' de 2019 "cuando aún el TEDH no se ha pronunciado".
Sobre la reforma penal, ha asegurado que es la norma vigente y es de obligado cumplimiento. "Si es una norma más favorable no podemos darle una interpretación menos favorable", ha añadido para luego alegar también la "falta de competencia" del Supremo para procesar a su cliente.
VOX PIDE DESÓRDENES PÚBLICOS
En la vista también ha participado Marta Castro, en representación de Vox --que ejerce la acusación popular--, para defender que los hechos tienen encaje en el delito de desórdenes agravados. "El que ha hecho lo más ha hecho lo mínimo", ha dicho en referencia a la derogación de la sedición.
Sobre la malversación, ha acusado a las defensas de obviar la "doctrina unánime" sobre el concepto de ánimo de lucro y ha insistido en que el fin destinado a los fondos desviados era "ilegal".
Tras esta vista, los magistrados Vicente Magro, Eduardo De Porres y Susana Polo deliberarán sobre los argumentos expuestos y resolverán próximamente.
A su salida, el abogado de Puigdemont ha asegurado que no espera "nada" de la vista. "Llevamos cinco años sin recibir ninguna respuesta fundada a derecho", ha dicho a la prensa para luego afear a la Fiscalía que le acuse de realizar "maniobras procesales". Sobre el argumento de que no están a disposición de la Justicia, ha insistido en que "han comparecido siempre".
