MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
Rafael Ricardi, el ciudadano de El Puerto de Santa María (Cádiz) que permaneció casi trece años encarcelado acusado de un delito de violación que no había cometido, cobrará un millón de euros, más intereses, de indemnización, según recoge la sentencia adelantada por su abogada, Antonia Alba, y a la que ha tenido acceso Europa Press.
Cabe recordar que el Estado le había concedido inicialmente 555.000 euros, mientras que la petición de su defensa era de diez millones de euros, ocho por los casi trece años de cárcel y la libertad condicional posterior, y dos por las secuelas físicas y psíquicas "que sufre tras tantos años de encarcelamiento".
La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional justifica su fallo señalando que cuando ingresó en prisión, Ricardi tenía unas relaciones familiares "claramente desestructuradas" y la prisión "no influyó en su arraigo laboral" ya que no le supuso la pérdida de ingresos económicos. Cuando ingresó en la cárcel vivía de una pequeña pensión y de lo que obtenía de 'gorrilla' y de mendigar, recuerda.
Además, con respecto al deterioro de su salud física, la sentencia -contra la que cabe recurso--recoge que no se ha demostrado que la hepatitis C que le fue detectada en la cárcel fuera contraída en prisión y que no estuviera infectado antes.
Asimismo añade que el consumo de drogas es "un acto de voluntad propia" y, en este caso, no fue la cárcel la que determinó "ni su mantenimiento ni agravamiento" ya que antes de entrar en la cárcel ya era "consumidor abusivo" de alcohol, cannabis y heroína. "Fue precisamente en prisión, mientras cumplía condena, dónde y cuando logró superar su adicción a las drogas", subraya.
En la misma línea, se defiende que si Ricardi no fue tratado de esa hepatitis C fue "por expresa prescripción médica" ya que fue sometido a controles y seguimiento cada seis meses que fueron determinando que los parámetros de la enfermedad eran "normales".
Con respecto a la situación psicológica, dice que, de partida, antes de su ingreso en prisión Ricardi presentaba "graves déficits intelectivos (analfabeto y 'border line')" que, por factores posteriores, la hepatopatología, la depresión y la larga adicción a alcohol y drogas, su estado psiquiátrico actual "responde a una edad mental de ocho años, prácticamente una demencia".
Así las cosas, recuerda que el recurrente arrastraba la depresión antes de entrar en la cárcel y señala que gran parte de la patología psicológica/psiquiátrica que presenta en la actualidad tiene su origen en "causas extrañas al hecho de la prisión y de la condena errónea", sin embargo no puede olvidarse la existencia de una "influencia negativa" que, según entiende la sala, "no fue determinante en un caso como el suyo, con los deterioros que presentaba y presenta".
La abogada Antonia Alba ha señalado que "cualquier indemnización por privación de libertad se ve ridícula porque no le devuelve los años". No obstante, ha indicado que este tipo de indemnización "se acerca más al concepto de justicia que tiene Rafael y que fue el que pregonó cuando salió de la cárcel después de 13 años".
