IU ve "positiva" la modificación, pero la tilda de "parcial e insuficiente"
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para introducir una serie de cambios en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países, que, entre otras cosas, van a "mejorar" cuestiones relativas a la autorización de escalas y sobrevuelos de aeronaves militares y al almacenamiento de municiones y explosivos en territorio español.
Según ha explicado Chacón en la Cámara Baja, el Gobierno ha decidido "ni denunciar ni prorrogar sin más" el convenio, firmado en 1988 y que expiraba el próximo 11 de febrero. En cambio, ha optado por "modificarlo" a través de "la introducción de mejoras" a determinadas necesidades.
En concreto, ha explicado que se han "reforzado" las medidas de protección el espacio aéreo español, al "prohibir" el repostaje en vuelo y los vuelos en modo visual y se ha establecido que los permisos sean solicitados "con más antelación" y con información sobre "las circunstancias, el tipo y la cantidad de carga e itinerario".
De esta manera, ha dicho, se garantiza "mejor seguridad para el espacio aéreo y mejor información y seguimiento de las actividades que las aeronaves llevan a cabo". No obstante, Chacón ha querido desvincular estos vuelos de los polémicos vuelos de la CIA con presuntos terroristas procedentes y con destino a Guantánamo.
Chacón ha insistido en que estos vuelos "nada tienen que ver" con el Convenio de Defensa, ya que fueron "presuntamente" llevados a cabo por "una agencia de carácter civil" y están siendo "investigados por la justicia".
En segundo lugar, ha explicado que, con los cambios introducidos, las autoridades norteamericanas deberán informar anualmente sobre la cantidad y el tipo de explosivos y municiones que tienen almacenados en las dos bases de utilización conjunta que mantienen en España, en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) y que deberán cumplir con los acuerdos internacionales, en particular los relativos a las minas antipersona y las bombas de racimo.
Cualquier cambio o incremento en este tipo de material, deberá ser "tramitado y autorizado" por España y deberá ajustarse al tipo de armas autorizadas por los convenios internacionales.
Finalmente, Chacón ha destacado que habrá planes específicos de gestión medioambiental, de manera que las autoridades estadounidenses deberán "colaborar" en el cumplimiento de las exigencias vigentes en esta materia. Ante cualquier nueva actividad que quieran llevar a cabo en las instalaciones de uso compartido, deberán "especificar posibles repercusiones y detallar medidas correctoras y planes de contingencia".
Según ha explicado la ministra, todos estos cambios comenzaron a estudiarse al inicio de la legislatura y se han visto "acelerados sin duda" desde la llegada al Gobierno de Estados Unidos del presidente Barack Obama. "Conscientes de la necesidad de mejoras, hemos ido a lo más rápido y eficaz", ha recalcado.
REQUERIMIENTO DE IU
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, que había preguntado a la ministra sobre los planes del Gobierno en relación a la próxima caducidad del convenio, ha calificado la modificación de "positiva, parcial e insuficiente" y ha cuestionado la fórmula jurídica para prorrogar el convenio, modificándolo.
Previamente, Llamazares había denunciado que los beneficios que recibe Estados Unidos de este convenio "superan con creces a los que obtiene España". "No existe reciprocidad entre las partes. Mientras Estados Unidos tiene unos 8.000 efectivos y dos pases militares en España, España no tiene nada en Estados Unidos", ha denunciado.
En su opinión, el convenio "ha envejecido y es anacrónico" y por eso "resulta incoherente que el Gobierno de España consienta que Estados Unidos utilice el territorio español para realizar un tipo de misiones militares que las propias fuerzas militares españolas no tienen autorizado, tal y como sucedió con el uso de las bases españolas para desencadenar la guerra ilegal contra Irak".
Por ello, el diputado de IU planteó la necesidad de "afrontar una negociación realista" sobre algunos aspectos del convenio que "afectan a los intereses y a las capacidades y el derecho interno" de España.
Llamazares se ha mostrado "satisfecho" por los cambios relativos a las autorizaciones de vuelos, ya que el sistema actual ha traído "malas consecuencias", y ha planteado "dudas" a las modificaciones sobre explosivos y municiones, porque los sistemas de control son "muy poco eficaces", aunque considera los compromisos "importantes".
Además, ha llamado la atención sobre otro asunto, que fue introducido en el protocolo aprobado en 2002 para modificar el convenio, relativo a la actuación de los servicios de investigación criminal naval y de la fuerza aérea estadounidenses en territorio español y que, según ha dicho, se encuentran en un "limbo legal y al margen del control judicial y parlamentario de los españoles".
Chacón ha respondido asegurando que la actividad de estos servicios de investigación no es "sin limitación" y "precisamente" el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "ha regulado las condiciones en que sus agentes pueden actuar" en España.
En concreto, ha precisado que necesitan "acreditación previa" y es "obligatorio" que obtengan una autorización antes de llevar a cabo "cualquier actividad", que puede "denegarse". "Sólo pueden actuar en España en coordinación plena con nuestra policía y las autoridades judiciales", ha recalcado.
En definitiva, la ministra ha finalizado insistiendo en que las modificaciones que se han acordado son "positivas" y "cumplen con los objetivos" que España necesitaba. "La nueva Administración Obama lo ha posibilitado de la mejor manera y con la mejor fórmula para España, rápido y eficaz, y el próximo 1 de febrero entra en vigor", ha concluido.
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