SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha ordenado deducir testimonio por un presunto delito de alzamiento de bienes contra la suegra del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, por sacar de una de sus cuentas bancarias 60.000 euros tras descubrirse su condición de 'intrusa' y antes de que se procediera a embargar sus bienes.
En este sentido, fuentes del caso han informado de que la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, habría retirado de una cuenta bancaria 15.000 euros y, a los pocos días, otros 45.000 euros, todo ello después de conocerse que había cobrado al menos dos pólizas financiadas por la Junta de Andalucía y, por tanto, antes de que la magistrada la imputara en este caso y le embargara sus bienes.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, considera que estos hechos podrían constituir un delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, por lo que ha ordenado deducir testimonio contra la suegra de Guerrero, a quien la magistrada le impuso una fianza de responsabilidad civil de 258.539 euros.
Una vez la juez instructora ha ordenado deducir testimonio contra Victorina Madrid Pisabarro, el caso será investigado por el mismo Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque por el juez de refuerzo, Iván Escalera, que fue designado para ayudar a Mercedes Alaya dada la sobrecarga de trabajo derivada del caso de los ERE fraudulentos.
IMPUTADA POR CUATRO DELITOS
La suegra de Guerrero compareció el pasado día 24 de noviembre de 2011 ante la juez Alaya, aunque se acogió a su derecho a no declarar durante una comparecencia en la que la magistrada le imputó presuntos delitos de tráfico de influencias, obtención indebida de ayudas de la Administración Pública, malversación y prevaricación, según consta en el acta de la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press.
Así, Victorina Madrid se limitó a ratificar su declaración policial y se acogió a su derecho a no declarar después de que la juez le preguntara sobre si "es cierto que Guerrero Benítez es su yerno", y antes de eso reconoció que las firmas estampadas en sendas pólizas son de su "puño y letra".
La juez Alaya considera que la suegra de Guerrero, "aprovechándose de esta relación familiar y a sabiendas de que no tenía derecho alguno", consiguió que la Junta le financiara dos pólizas, "vigentes en su mayor parte al mismo tiempo" y por las que recibiría, entre ambas, una renta mensual de unos 2.000 euros y, en principio, un total de 219.514,03 euros. De este modo, relata que el 22 de marzo de 2004 suscribió una póliza de seguro colectivo con Vitalicio ascendente a 124.455,57 euros, "calculada para la póliza de los trabajadores prejubilados de SOS Cuétara" y que fue abonada por la empresa y la Junta.
Tras remarcar que la imputada "nunca trabajó" para SOS Cuétara, la magistrada señala que, por esta póliza, la suegra de Guerrero recibiría entre 2004 y 2012 un total de 133.900,05 euros, de los que finalmente ha recibido 119.699,98 euros. Añade que, nueve meses después, suscribió la segunda póliza financiada por la Junta. De este modo, se trataba de una póliza de rentas de supervivencia por la que la Junta abonaría el mismo día de su firma la prima única de 75.324,63 euros, y por la que recibiría unas rentas mensuales desde 2004 hasta 2012, ascendiendo el total a 85.613,38 euros. La suma total de lo recibido por ambas pólizas ha ascendido a 198.876,85 euros.
