AMP. La 'mano derecha' de Puigdemont acusa a García Castellón de ampliar 'Tsunami' con datos ajenos a "la realidad"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Josep Lluís Alay, 'mano derecha' del expresidente catalán huido Carles Puidemont, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de introducir datos, relatos y supuestos hechos que "no se corresponden con la realidad" para ampliar el plazo de la investigación sobre 'Tsunami Democrtic' y "alimentar un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que padece este procedimiento".

Así se ha pronunciado su letrado, el abogado Gonzalo Boye, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press en el que ha mostrado su oposición a la decisión del juez de ampliar el plazo de la investigación otros seis meses.

La defensa ha pedido al magistrado instructor que archive el procedimiento y además ha vuelto a insistir en que se declare nulo todo lo investigado desde el 29 de julio de 2021 cuando, a su juicio, se venció el plazo que tenía para investigar. Cabe recordar que sobre este último extremo ya se ha pronunciado en el pasado el propio García Castellón para rechazar su petición.

Se trata de un recurso de reforma contra el auto que dictó ayer lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 para ampliar hasta julio de 2024 la investigación sobre el papel de la plataforma 'Tsunami Democrtic' en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del 'procés' a los independentistas catalanes.

García Castellón insistió en su auto en que los hechos encajan en el delito de terrorismo y puso sobre la mesa hasta tres convenios internacionales para apuntalar su tesis, uno de ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1993.

En respuesta, Alay ha asegurado este martes que "una vez más" se evidencia "cómo se introducen datos, relatos y supuestos hechos que no solo no se corresponden con la realidad, sino que, además, no deben ser incluidos en un auto de prórroga de la instrucción pero que sirven para alimentar un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que padece este procedimiento".

Además, el jefe de gabinete de Puigdemont ha asegurado que el juez instructor debió acordar la prórroga de la investigación "antes del vencimiento del plazo" fijado por ley, algo que --a su juicio-- "no se hizo", por lo que "ha de estarse a las consecuencias de ello".

LA DECISIÓN DE GARCÍA CASTELLÓN

La defensa de Alay ha presentado este recurso después de que el juez indicara en su resolución que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que 'Tsunami Democrtic' fue "una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

Según el instructor, la plataforma independentista fue "fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España".

Además, el juez explicó que su gestación se venía planificando desde tiempo atrás y que su lanzamiento tuvo lugar el 28 de agosto de 2019 como iniciativa de movilización social en respuesta a la sentencia del 'procés'.

En el marco de su resolución, García Castellón insistió en que era necesario seguir investigando al menos seis meses más porque quedan algunas diligencias pendientes, como las peticiones de auxilio internacional, una de ellas a Francia para recabar la declaración de los familiares del fallecido en el aeropuerto de Barcelona de un infarto durante las protestas, así como otra solicitud a Suiza para esclarecer la financiación de la organización.

Para el magistrado, estas peticiones --así como otras diligencias acordadas recientemente-- hacen necesaria la prórroga de la instrucción, por lo que entendió que no podían prosperar las peticiones de algunas defensas que se opusieron a ampliar el plazo de investigación.