MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha considerado "una quimera" que "criminales con una gran carga ideológica" puedan resocializarse y ha defendido la "constitucionalidad" de la libertad vigilada, de hasta diez años revisable una vez cumplida la condena, para terroristas y pederastas reincidentes que contempla el nuevo Código Penal.
En la conferencia 'Líneas generales de la reforma' celebrada durante las XXXII Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado, Campo ha destacado que el Código Penal que entrará en vigor el 23 de diciembre se reforzará ante los delincuentes de "cuello blanco" que aprovechan sus privilegios para lucrarse. Además, los cambios afectan a los ilícitos informáticos, los delitos de corrupción de funcionarios públicos extranjeros o los tipos contra la libertad sexual o el medio ambiente.
En este contexto, ha subrayado que el nuevo Código Penal también se ha hecho eco de "una demanda social" que quedó patente en el debate surgido cuando "De Juana Chaos u otros terroristas paseaban por delante de las tiendas de las pobres viudas, cuyo marido había sido asesinado por ETA". "Y la constatación de que sobre todo en los criminales con una gran carga ideológica, la recuperación de la resocialización es una quimera", ha aseverado.
Por ello, ha añadido, se reflexionó para poder "tener un control de esa persona", más allá de que saldara "la deuda del periodo carcelario" al cumplir la pena de prisión. En este sentido, ha enmarcado la figura de la libertad vigilada la cual, según ha dicho, "dará ríos de tinta y podrá gustar más o menos" pero no "encontrará resquicios que tumben" su constitucionalidad.
Por otra parte, ha defendido que la reforma abandona "la cultura del telediario" y la "legislación de la emoción" porque, aunque casos como el de Mari Luz o el de Marta del Castillo "desgarren como ciudadano", la respuesta no debe basarse en el incremento punitivo.
En su opinión, se trata de la "reforma más importante" desde el punto de vista cuantitativo --por el número de materias afectadas-- y cualitativo --"intenta recobrar el hilo conductor de 1995"-- que experimenta el "Código Penal de la democracia". "Una política criminal democrática no se hace con las voces y los gritos", ha remachado.
CRÍTICAS AL NUEVO CÓDIGO PENAL
En una mesa redonda titulada 'Responsabilidad penal de las personas jurídicas', ha participado el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar junto con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
El magistrado ha tildado de "agresivo" que se pueda suspender o disolver a las personas jurídicas teniendo en cuenta los perjuicios que pueden sufrir acreedores y empleados que incrementarán las filas del paro. Además, ha calificado de "sorprendente" que en algunos delitos se obligue a probar que los trabajadores actuaron "en provecho" de la persona jurídica ya que no siempre es así.
Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha centrado su intervención en los delitos de terrorismo y en el entramado político, social y mediático utilizado por algunas organizaciones. "Salvo en los casos de financiación no va a ser posible aplicar las medidas de responsabilidad penal de las personas jurídicas a otros supuestos en los que se han utilizado sociedades como cobertura al entramado político institucional", ha advertido.
Ha denunciado las "dificultades" que habrá para reclamar la disolución de sociedades vinculadas a grupos terroristas y ha subrayado que se ha elaborado una propuesta de "modificación urgente" para que los jueces y tribunales puedan acordar esta disolución o la suspensión de actividades.
Zaragoza ha lamentado que el nuevo Código Penal no prevea exigir ninguna responsabilidad en el caso de que los responsables de las empresas hayan fallecido o se encuentren en rebeldía ni que haya incluido "el decomiso de bienes aplicado a las personas condenadas por delitos de corrupción".