La defensa de la concejala de Santiago imputada solicitará el sobreseimiento de la causa contra ella

LUGO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la concejala de Educación y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Santiago, Rebeca Domínguez Iglesias, ha avanzado, tras su declaración ante la jueza instructora de la Operación Pokémon, que pedirá el sobreseimiento de la causa en lo relativo a las acusaciones que pesan contra ella.

A la salida de los juzgados en Lugo, donde la edil prestó declaración durante aproximadamente una hora y media, el abogado Alberto Barreiro ha confirmado que solicitará el sobreseimiento de las responsabilidades imputadas a su cliente.

Esta concejal, de 29 años de edad, está imputada junto a un funcionario de su departamento por supuesto tráfico de influencias, en el marco de la Operación Pokémon, que investiga una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

El abogado indicó que la declaración de su representada se había producido "en la forma habitual". "Se prestó declaración, se prestó colaboración, se explicaron las cosas que había que explicar y lo único que podemos decir es que esto es un sobreseimiento amplio, contundente, hermoso y para casa sin ningún problema", ha expuesto el letrado.

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS

Previamente a la declaración judicial de Rebeca Domínguez, compareció ante la jueza instructora el funcionario del departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago José Manuel R.A., quien defendió que actuó "de acuerdo a los protocolos establecidos" para sacar adelante contrataciones.

A su salida de los juzgados, el abogado de este funcionario, Pedro Trepat, ha asegurado que su cliente respondió a todas las preguntas de la jueza Pilar de Lara y ha subrayado que "actuó dentro de los protocolos propios de su condición de funcionario" y "para sacar adelante este tipo de contrataciones".

Una de las primeras misiones de Rebeca Domínguez en el Ayuntamiento de Santiago, donde entró el 11 de mayo pasado al correr la lista tras la dimisión de Gerardo Conde Roa como alcalde, fue la apertura de la escuela infantil de Salgueiriños, que empezó a funcionar el pasado septiembre y cuya gestión fue adjudicada a Sermasa (Servicios y Materiales S.A.), del grupo Vendex, eje central del caso Pokémon.

Esta guardería funciona de manera provisional porque se hizo una concesión temporal de tres meses, desde el 6 de septiembre hasta el 31 de diciembre, para que empezase con el inicio del curso. La adjudicación a Sermasa por ese período fue por 92.586 euros.

PROTESTAS

La protesta de los funcionarios de los juzgados convocada para este jueves en forma de parón informático, al que también se sumó la jueza Pilar de Lara, provocó un receso en la declaración del funcionario imputado, quien llegó a los juzgados de Lugo a las 9.55 horas y estuvo allí hasta las 12.45.

De igual forma, la declaración de la concejala de Educación, que llegó a los juzgados sobre las 11.00 horas y dijo estar "tranquilísima", también tuvo que ser retrasada unos minutos y abandonó las dependencias judiciales en torno a las 14.45 horas.