MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se reabra la investigación sobre la contratación del Yakolev 42, siniestrado en mayo de 2003 en Turquía causando la muerte a 62 militares españoles. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal celebró hoy una vista para estudiar el recurso presentado por los familiares de las víctimas en contra de la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska, quien el pasado mes de junio dictó el sobreseimiento de la causa.
Fue el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien hoy ejerció la representación del Ministerio Público y explicó "el cambio de postura" de la Fiscalía -que inicialmente defendió el archivo de la causa- alegando que la decisión de Grande-Marlaska fue "contradictoria", "procesalmente errónea" y "no respetaba el derecho a la tutela judical efectiva al cercenar la investigación".
"Tres son las razones que justifican el cambio de postura de la Fiscalía", comenzó explicando Zaragoza, quien manifestó que el auto de sobreseimiento es "contradictorio con lo expresado por la Sala el pasado 15 de julio de 2004, cuando decretó que se procediese a la investigación de la causa". Asimismo, calificó la decisión de Grande-Marlaska como "procesalmente errónea ya que dictó el sobreseimiento libre cuando este archivo debería haber sido provisional al tratarse de un hecho delictivo".
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional estimó como "el argumento más importante" el hecho de que el auto del juez "quiebra clara y manifiestamente el derecho a la tutela judicial efectiva ya que las partes tienen derecho a que se practiquen todas las pruebas que soliciten". En ese sentido, el fiscal añadió que "no se ha practicado ninguna diligencia dirigida a constatar cuanto menos si existían o no responsabilidades", al tiempo que criticó que el juez resolviese "de manera muy discutible atribuir la responsabilidad al personal del vuelo sin determinar otras responsabilidades".
"Durante un año el juez instructor no resuelve absolutamente nada y, sin embargo, omite cualquier tipo de respuesta", insistió Zaragoza, quien se preguntó "qué habría pasado si esto hubiese sucedido con otra compañía en un vuelo comercial". "Se habrían exigido responsabilidades hasta a el apuntador", sentenció.
Por último, el fiscal señaló "un argumento adicional para llevar a cabo una investigación en profundidad" basándose en una sentencia de malos tratos emitida por el Tribunal Constitucional en la que se establece que "en los casos en los que está en juego la integridad física se deben agotar todas las vías para esclarecer los hechos y acentuar las garantías". "Esto es lo que ha faltado aquí", concluyó el fiscal ante la mirada del presidente de la Sala, el juez Fernando García Marlaska, quien llegó a asentir varias veces con la cabeza durante la exposición.
Hasta ahora, el Ministerio Público no había apoyado la pretensión de la acusación particular porque estimaba que no existían indicios suficientes para acusar a los responsables del Ministerio de Defensa de un delito de imprudencia en la contratación del avión siniestrado. El titular del Ministerio era en el momento del accidente el 'popular' Federico Trillo.
EL ESTADO DEL AVIÓN.
En su auto de archivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 señalaba que ningún funcionario de Defensa tenía la obligación de verificar si el avión se encontraba en perfecto estado de mantenimiento y que "ninguna anomalía en esos términos ha quedado acreditada". Añadía que tampoco le correspondía al Gobierno comprobar si la tripulación contaba con las necesarias licencias, si recibían cursos de formación "y menos que se cumplieran los necesarios horarios de descanso", puesto que estas cuestiones eran obligación de la empresa contratista.
Contra esta decisión se manifestaron de nuevo hoy durante la vista los abogados de los familiares de las víctimas que ejercen la acusación particular. Todos ellos coincidieron en sus argumentos y, al igual que el fiscal, rechazaron la versión ofrecida por el juez sobre el buen funcionamiento del aparato siniestrado. Uno de los abogados recordó algunas de las "numerosas carencias técnicas del avión, que tenía la caja negra averiada desde hacía 45 días, que no contaban con los permisos necesarios para aterrizar en Afganistán y que uno de los pilotos carecía de licencia de vuelo".
En el mismo sentido, los abogados de la acusación negaron que el contrato del avión por parte del ministerio de Defensa fuese privado tal y como sostiene el juez ya que el Departamento que en ese momento dirigía el ministro Federico Trillo "estaba advertido de todas las circunstancias que rodeaban al vuelo, incluso que esa misma compañía ya había recibido hasta 14 quejas por motivos de seguridad antes del accidente". Asimismo, el mismo letrado aseguró que el Ministerio declaró el pago de 149.000 dólares por el vuelo en el que luego sólo se emplearon 41.000 dólares.
La última intervención fue la del abogado defensor del entonces secretario de Estado de Defensa, Fernando Díaz Moreno. El letrado Joaquín Rodríguez Ramos fue el único en el día de hoy que defendió el auto de Grande-Marlaska asegurando que "se ajusta a derecho" y defendió que "todo lo que se tenía que saber ya se sabe".
YAK 42, "COMO EL 11-M".
"Cuando escucho que no se ha investigado nada me recuerda a lo que dijeron algunos medios de comunicación sobre el 11-M", dijo, al tiempo que añadió que "se sabe que las autoridades y funcionarios del Ministerio no tenían ninguna responsabilidad y la causa del accidente fue un error humano". Sus palabras motivaron algunos aspavientos de indignación entre los familiares de las víctimas presentes en la sala.
En los próximos días el tribunal presidido por Fernando García Nicolás tomará una decisión sobre esta causa en la que, además, el titular del Juzgado Central de Instrucción 3, archivó también el pasado mes de noviembre una pieza separada en la que investigaba posibles responsabilidades en la identificación de los cadáveres, que se realizó erróneamente.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó en este segundo caso un recurso de apelación al igual que hicieron las acusaciones particulares ejercidas por los familiares de los fallecidos. La vista de apelación relativa al segundo de los archivos aún no ha sido fijada y se celebrará en el futuro, según fuentes jurídicas.
