(Amp) Yak.- Grande-Marlaska archiva la causa por errores en la identificación de 30 soldados muertos en el accidente

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó hoy el archivo de la causa abierta contra cuatro responsables militares por los errores cometidos en la identificación de los cadáveres de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del avión Yakolev-42 al considerar que a pesar de que su conducta fue "grave" no encaja en el delito de falsedad documental del que se les acusaba.

El magistrado ya decidió el pasado 1 de junio archivar la causa relacionada con el accidente que investigaba lo referente a la contratación del aparato accidentado.

El accidente del Yakolev-42, que tuvo lugar en Turquía en mayo de 2003, acabó con la vida de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. Un total de 30 de los fallecidos fueron identificados de forma incorrecta lo que provocó que se entregara a las familias cuerpos erróneos.

Los tres militares acusados eran el general de Sanidad Vicente Navarro, quien se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, los dos oficiales médicos que le apoyaron en la identificación a la hora de redactar los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Saéz, y el encargado de dirigir la comisión militar responsable de las identificaciones, el teniente general José Antonio Beltrán.

El juez indica que a la vista de los hechos debe concluir que no existe "relevancia jurídico penal" en este caso a pesar de que de la mala identificación de los cadáveres se derivaron "daños morales". "Lo que sí podemos reseñar es la existencia de una concreta imprudencia" en las labores de identificación de los 30 cadáveres en los que se cometieron errores, añade el magistrado.

ANÁLISIS "INSUFICIENTES" Y "POCO SERIOS".

Grande-Marlaska considera que es incuestionable que las autoridades turcas --que se encargaron de identificar 32 de los cuerpos-- hicieron constar al equipo español encargado de las pruebas que no habían identificado a 30 de ellos. Especifica que el general Navarro utilizó en sus análisis variables como el lugar que los soldados ocupaban en el avión o el tipo de indumentaria que llevaban, datos que fueron "insuficientes y ajenos a una mínima seriedad".

"Buena prueba de ello es que ninguno de los 30 cuerpos fue correctamente identificado", añade el magistrado que aclara, no obstante, que este error no conlleva una alteración de la verdad en los elementos esenciales de los documentos.

El juez reconoce, además, que la "imprudencia" del equipo militar español responsable de las pruebas provocó daños morales concretos como la necesidad de que se exhumaran los cadáveres y la realización extemporánea de pruebas de ADN pero advierte que todo esto no puede "alterar" la calificación jurídica de los hechos ni revestir de relevancia penal a una conducta que "aún siendo grave" nunca constituyó un delito de falsedad.

Grande-Marlaska apunta en este mismo auto la existencia de "procedimientos judiciales distintos" por los que puede perseguirse la conducta del equipo que realizó las identificaciones. "Los daños morales que hayan podido derivarse" deben "articularse" a través de otro tipo de procedimientos, destaca.

Añade además que a él no le corresponde "prejuzgar" lo que correspondería "a otra jurisdicción".

LA FISCALÍA RECURRIRÁ.

Por su parte la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha avanzado su intención de recurrir esta decisión al considerar que no sería "incongruente" oponerse al archivo de la causa, informaron fuentes fiscales. El Ministerio Público considera que los militares acusados incurrieron en un "dolo eventual" que supondría que pudieran ser culpables del delito de falsedad documental.

El fiscal Fernando Burgos presentó el pasado 12 de noviembre un escrito al juez en el que acusaba a tres mandos militares de un delito de falsedad documental en el que incurrieron cuando procedieron a la identificación de los soldados fallecidos. El cuarto de los imputados, el teniente general José Antonio Beltrán, permanecía también acusado, en este caso por la acusación ejercida por los familiares de las víctimas.

Según explicaba en su escrito, tan sólo fueron identificados de manera acertada 32 de los muertos a partir de elementos externos como zonas del cuerpo no quemadas o restos de uniforme. No obstante, la identificación del resto de los tripulantes del aparato accidentado fue establecida de manera aleatoria por el general Navarro, quien erró en todos los casos al otorgar una identidad a cada féretro sin practicarse las autopsias ni pruebas de ADN.

Pese a ello, ésta fue la referencia utilizada a la hora de entregar los cadáveres las familias y de realizar los informes de necropsias, a partir de los cuales, muchas familias procedieron a la incineración de algunos militares sin la autorización de sus verdaderos parientes. Por todo ello, la Fiscalía interesa para los tres implicados un delito continuado de falsedad documental.