(Ampl.) El CGPJ revisará los planes de refuerzo en juzgados de Ejecutorias e investigará al juez de Madrid López Palop

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy por unanimidad analizar los sistemas de refuerzo que ya se aplican en los juzgados de Ejecutorias de lo Penal, así como estudiar nuevas medidas dirigidas a rebajar la pendencia existente en estos órganos, en los que, según un reciente informe del propio Consejo, cerca de 270.000 causas se encuentran pendientes de tramitación.

Además, el CGPJ ha ordenado a su propio Servicio de Inspección que estudie en detalle la situación del Juzgado de Ejecuciones número 2 de Madrid, del que es titular el magistrado Eduardo López Palop, quien denunció públicamente que el colapso en este órgano le situaba 'encima de un polvorín'. Según los datos del Consejo, y pese a contar con refuerzo, este juez no alcanzó en 2007 el 81 por ciento de los asuntos que le correspondía tramitar como mínimo.

Las nuevas medidas a aplicar en los órganos dedicados a ejecutar sentencias de lo Penal serán estudiadas por la Comisión de Modernización del órgano de gobierno de los jueces.

En la reunión de hoy se ha decidido también remitir el informe antes mencionado tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito, para que tengan el conocimiento exacto de la situación y estudien asimismo las medidas paliativas.

Así lo explicó al término de la Comisión Permanente el portavoz del CGPJ, Enrique López, que añadió que se ha encomendado al Servicio de Inspección de este órgano la realización de un seguimiento de todos los Juzgados de Ejecutoria, cuyos titulares deberán dar cuenta de forma periódica a la Comisión Permanente sobre su resultado.

López puntualizó, con relación al alto número de asuntos "pendientes de ejecución" en estos órganos judiciales, que la cifra de 270.000 responde tanto a los asuntos en trámite de ejecución como a las decisiones que todavía no han empezado a aplicarse. No obstante, reconoció que "la pendencia se sitúa en niveles por encima de lo deseable, como ya ha puesto de manifiesto este Consejo General en informes anteriores".

MEDIDAS CONCRETAS.

La Comisión Permanente ha acordado por otra parte la aprobación de medidas de refuerzo específico en juzgados de Ejecución de Valencia, San Sebastián y Bilbao, así como solicitar a la Administración que proceda el mantenimiento de las que ya se vienen aplicando en Barcelona y Palma de Mallorca.

Preguntado por las medidas específicas que puedan solicitarse a Justicia o acordarse en la Comisión de Modernización del CGPJ, López se remitió a las propuestas ya incluidas en el informe, como la creación de nuevos juzgados y el mantenimiento de los refuerzos ya existentes, puesto que éstos han tenido un buen resultado. "Gracias a ello se están ejecutando al año más asuntos de los que ingresan", dijo el vocal.

El informe sugiere además la aplicación de planes de formación para los funcionarios, la creación de una Oficina Judicial específica para los órganos de Ejecución y la aplicación de una herramienta informática especial para este tipo de juzgados.

López se ha referido también a la existencia de un alto nivel de interinidad entre el funcionarizado, si bien pidió que no se cuestione la labor de los trabajadores porque hay algunos interinos que, debido al largo tiempo que llevan en un juzgado, tienen un alto nivel de formación.

En otra situación diferente se encuentran los trabajadores que proceden de bolsas de empleo y que, antes de llegar a un órgano judicial, nunca han prestado sus servicios en la Administración de Justicia. En este caso, López solicitó al Ministerio de Justicia "que se haga un esfuerzo de formación" respecto a dichos efectivos.

CASO PALOP.

La Comisión Permanente también ha valorado el escrito remitido ayer por el vocal Javier Martínez Lázaro, perteneciente al sector progresista de este órgano y encargado del Plan de Urgencia para las medidas de refuerzo en los juzgados. En él proponía abrir una investigación a lo titulares de los órganos destinados a la Ejecución Penal que, pese a los refuerzos con los que se les ha dotado, no alcanzan el mínimo de rendimiento.

En dicho grupo se encuentra López Palop, sobre cuya gestión se ha encargado ahora un estudio exhaustivo al Servicio de Inspección que, si procede, podría derivar en una investigación de carácter disciplinario.

Sobre este magistrado, el vocal Martínez Lázaro señalaba en su informe que su caso es "particularmente grave" si se considera que dicho juzgado, que es el que menos ingreso de trabajo tiene de todos los juzgados especializados en ejecución penal, según el escrito de este vocal, "y si se comparan con los de otros juzgados como los de Valencia, Barcelona, o Islas Baleares en donde casi todos los juzgados superaron el 150 por ciento de rendimiento pese a tener una mayor carga de trabajo".

El promedio de carga de asuntos de estos juzgados es de 4.000 asuntos por año, mientras que la entrada en el Juzgado de López Palop fue de 1.886 y en el año de 2006 de 2.453 asuntos. "Por lo tanto, a diferencia de otros juzgados los planes de refuerzo no han dado ningún resultado en dicho órgano y tampoco en otros que no han alcanzado, pese a tener un refuerzo, el módulo mínimo de rendimiento".