Pedraz dicta la apertura de juicio oral contra los dos acusados por un delito de injurias graves a la Corona con el agravante de disfraz
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de un año y tres meses de prisión para cada uno de los dos encapuchados que reconocieron ante el juez Santiago Pedraz haber quemado fotografías de los Reyes en una manifestación celebrada el día 13 de septiembre en Gerona. El fiscal Ignacio Gordillo les acusa de un delito de injurias graves contra la Corona con el agravante de disfraz.
Según el escrito de acusación, hecho público hoy, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral contra los imputados Jaume Roura y Enric Stern que "con el único propósito de menoscabar y dañar el prestigio de la más alta representación del Estado quemaron varias fotografías de los Reyes de España en el curso de una concentración en la Plaza del Vino" de Gerona.
Poco después de conocerse esta petición, el juez Pedraz dictó poco después la apertura de juicio oral contra los dos acusados que no tienen antecedentes penales. En su auto señala que, a pesar de ello, mantiene la actual situación de libertad de ambos.
Los acusados "iban con el rostro tapado para no ser identificados" por lo que el fiscal considera que el delito cometido lleva aparejado el agravante de disfraz. El escrito recuerda también que tras colocar algunas fotos de gran tamaño de los Reyes en el centro de la plaza --"alguna de ellas boca abajo", destaca-- las rociaron con gasolina y las prendieron con antorchas "procediendo a su quema mientras eran jaleados con diferentes gritos por las varias decenas de personas reunidas en aquel lugar.
Los dos encapuchados fueron identificados por los Mossos d' Esquadra como Jaume Roura y Enric Stern, que analizaron para ello las imágenes tomadas durante la manifestación, en la que los dos participaron antes de la quema a cara descubierta. Una vez comunicados sus datos a la Audiencia Nacional el juez central de Instrucción número 1 Santiago Pedraz les citó a declarar.
RECONOCIERON LOS HECHOS.
El primero en acudir ante el magistrado fue Jaume Roura que reconoció el pasado día 21 de septiembre haber quemado las fotografías y quedó en libertad sin la imposición de medidas cautelares a pesar de que la Fiscalía pidió entonces que se le fijara una fianza de 10.000 euros. Una semana más tarde, el 28 de septiembre, compareció el segundo identificado, Enric Stern, para el que el Ministerio Público sólo pidió comparecencias quincenales y que también quedó en libertad.
En ambas ocasiones las declaraciones de los acusados estuvieron acompañadas por la celebración en las cercanías de la Audiencia Nacional de Madrid de manifestaciones de apoyo convocadas por la asociación Alerta Solidaria en las que sus participantes, que ondearon señeras y banderas de la organización 'maulets', gritaron diversas consignas independentistas.
El abogado de Roura y Stern, Benet Salellas, justificó los actos de sus defendidos y aseguró que sus dos clientes únicamente habían protestado "contra un representante de los Borbones", dinastía que consideran "ha oprimido a Cataluña durante los últimos 300 años".
DIFERENCIAS CON OTROS ACTOS DE QUEMA.
El Ministerio Público ha mostrado en relación con las últimas manifestaciones acompañadas de la quema de fotografías del monarca y su esposa significativas diferencias con este primer acto, desarrollado en ocasión de una visita de los Reyes a la Universidad de Gerona.
Desde la Fiscalía se considera que las personas que han participado en los distintos actos posteriores de solidaridad con estos dos acusados no incurren en el mismo delito que Roura y Stern ya que se limitan a autoinculparse en apoyo a ambos y lo hacen sin que Don Juan Carlos y Doña Sofía estén presentes en las ciudades donde se concentran, según han informado fuentes fiscales.
No obstante, está previsto que nueve de las personas que quemaron fotos en la primera de estas manifestaciones de autoinculpación, celebrada el día 22 de septiembre también en Gerona, declaren el próximo jueves ante el juez Fernando Grande-Marlaska. Los Mosso d'Esquadra comunicaron en esta segunda ocasión por iniciativa propia a la Audiencia Nacional la apertura de una investigación sobre la marcha y su posterior resultado.
