SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 17 el archivo provisional de la denuncia interpuesta por Iván Chaves, hijo del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, por el robo en su despacho profesional de nueve contratos privados y dos agendas.
Fue el pasado día 8 de marzo de 2011 cuando el hijo de Chaves acudió a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Nervión para denunciar los hechos después de que un periodista, Melchor Miralles, le hubiera llamado en los días previos para solicitarle una reunión y "hablar sobre diversa documentación relativa a la actividad profesional del denunciante que habría llegado a poder del periodista". En la denuncia, Chaves "manifestó que en ningún momento se ha sentido ni amenazado ni coaccionado por" el periodista.
En un escrito elevado al Juzgado instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones por la "ausencia de indicios razonables" contra el periodista, todo ello, no obstante, "sin perjuicio de que, de aparecer nuevos datos relativos a la información publicada" por el periodista en los días posteriores a la denuncia, "se revelara la presunta comisión de ilícito penal alguno y procediera la incoación de diligencias independientes del presente procedimiento".
PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
De este modo, el Ministerio Público apunta que, según el atestado realizado por la Brigada Provincial de Policía Judicial-Udyco tras tomar declaración a personas del entorno del denunciante y a las que intervienen en los contratos "supuestamente sustraídos", las noticias de prensa publicadas por Melchor Miralles "podrían poner de manifiesto una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias en las que se verían implicados el denunciante y terceras personas".
La Fiscalía comienza su escrito recordando que, según la denuncia interpuesta por el hijo de Manuel Chaves, fueron los días 2 y 4 de marzo de 2011 cuando recibió sendas llamadas por parte del periodista y a raíz de las mismas se percató de que le habían sido sustraídos nueve contratos privados y dos agendas. Tras ello, y a fin de esclarecer los hechos, la Udyco comprobó la existencia de diversas sociedades mercantiles en las que participarían el denunciante y/o algunas de las personas que aparecen en los contratos "supuestamente sustraídos", lo cual, según los agentes, "pondría de manifiesto la relación entre ellos".
La Udyco, que también comprobó que, en fechas posteriores a la denuncia, el periodista publicó noticias "al parecer relacionadas con la documentación mencionada", tomó declaración al hijo de Chaves el 14 de abril de 2011 y éste ratificó su denuncia e informó de las personas que habían trabajado con él, si bien dijo no sospechar de "nadie en concreto".
PRESUNTO DELITO CONTRA LA PROPIEDAD
Tras ello, elaboró un atestado en el que, además de advertir de una presunta trama de corrupción, apunta que las publicaciones "no fueron autorizadas, pudiendo suponer un delito de revelación de secretos", y dejó abierta la posibilidad de que el periodista pudiera haber cometido un delito contra la propiedad "al poder haber intervenido en la sustracción de la documentación".
De su lado, el periodista reconoció en su declaración como imputado que se puso en contacto con el denunciante "para comentarle que contaba con documentación atinente al mismo --no revelando las fuentes--, y que entre dicha documentación se encontraban los contratos relacionados por Iván Chaves en la denuncia, además de otra documental", no obstante lo cual "negó haber sustraído nada y manifestó que estuvo seis meses contrastando la información antes de publicar las noticias".
Asimismo, uno de los testigos que había trabajado con el hijo de Chaves "declaró que creía que Iván tenía la documentación original y que lo que habría sucedido es que alguien la habría fotocopiado", lo que llevó a los funcionarios policiales "a plantear que la denuncia tendría por objeto invalidar la información publicada".
NO PONE EN DUDA LA DESAPARICIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Según la Fiscalía, de las gestiones policiales y de las declaraciones obrantes en autos "no puede sino desprenderse la realidad objetiva de una serie de contactos entre el denunciante y terceras personas cuyo contenido exacto se desconoce --y en todo caso no es objeto del presente expediente--", mientras que "no se advierte de lo actuado que la denuncia no obedezca a la realidad y que, por lo tanto, hayan desaparecido los contratos y agendas".
"Se desconoce igualmente cómo llegó a manos del periodista la documentación, sin que conste la participación en la sustracción en su día denunciada, resultando igualmente revelador el hecho de que fuera el propio denunciante quien haya manifestado que no sospecha de nadie y que en ningún momento se sintió coaccionado por Miralles", asevera, añadiendo que el periodista, antes de publicar las informaciones, "se puso en contacto" con Iván Chaves, "poniéndole al corriente de la información de la que disponía y a la sazón pudiendo prever éste la futura publicación de la misma".
Por todo ello, pide el archivo provisional de la denuncia, pues "de lo anterior se colige la ausencia de indicios razonables para atribuir al imputado la comisión del delito denunciado".
