BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía presentó hoy el anunciado recurso contra el auto de libertad para el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y volvió a pedir prisión incondicional para él y su mano derecha, Jordi Montull, al considerar que existe riesgo de fuga por su actual disminuido "arraigo" social y la posibilidad de disponer de un gran cantidad de dinero, tras cifrar ahora en 20 millones de euros el dinero que calcula que retiraron en metálico y sin justificar en los últimos cinco años.
En un largo recurso de 29 páginas, el fiscal rebate uno a uno todos los argumentos utilizados por el juez en su auto del miércoles.
Para el Ministerio Público, la "parte del león" de los fondos desviados eran las retiradas de dinero en efectivo sin justificar, que los imputados aseguran que eran para pagar 'en negro' a cantantes e intermediarios, algo que la Fiscalía apunta que es mentira, recordando que Montull admitió ante el juez que no apuntaban esas retiradas y que lo fiaban todo a la memoria.
En el recurso sostiene que ambos imputados pueden tener una gran capacidad económica que les permitiría huir de la justicia, recordando, además del dinero en metálico, irregularidades publicadas en la prensa como sus cuentas en Suiza, bodas de hijas pagadas por el Palau, la "percepción injustificada de primas o estipendios no se sabe porqué gestión".
El fiscal se pregunta si todos estos hechos y la caja fuerte de Millet con 1,8 millones con billetes de 500 euros "no son datos relevantes de los que inferir una capacidad suficiente para desaparecer si así lo desean, regalándonos un último engaño".
Otros argumentos para la Fiscalía es que la confesión "no es espontánea", sino que "resulta deliberadamente sesgada e incompleta", al no explicar todos los delitos cometidos, con el objetivo de "confundir al instructor" y conseguir no ingresar en la cárcel. Además, considera que la sola confesión no es determinante para diluir la posibilidad de fuga.
Al justificar el posible móvil de una fuga, apunta a la gravedad de la pena que podría recaer sobre Millet y Montull, que cuantifica en hasta 22 años de prisión, incluyendo el delito de malversación de caudales públicos, que está siendo estudiado por la Fiscalía.
El fiscal Francisco Bañeres asegura que su petición de prisión provisional está legitimada y que no extraño que, como hizo la Fiscalía, al presentar la querella no se solicite el encarcelamiento y sí se haga más tarde, al conocer más profundamente los hechos y hallar nuevos indicios.
El Ministerio Público considera que el auto del juez de Instrucción número 30, Juli Solaz, "se posiciona claramente con la defensa" para desestimar la cárcel.
Recuerda que desde el primer momento, en junio, el fiscal pidió medidas cautelares como la retirada de pasaportes y la intervención judicial de las instituciones culturales, que fueron denegadas.
Tras el registro del Palau, el 23 de julio, la Fiscalía pidió una comisión rogatoria para las cuentas suizas y de la retirada de pasaportes, lo que fue denegado por Solaz por el "arraigo social, familiar y profesional", así como por la "edad de alguno de ellos". Igualmente, el juez dijo retirar los pasaporte sería "ineficaz" debido a la "facilidad actual de las comunicaciones" y la capacidad económica de los querellados.
En septiembre, al conocer más hechos así como la retirada de documentación del Palau tras el registro, el fiscal reclamó la declaración de los querellados. El juez denegó estas pretensiones alegando que el secreto de sumario debía mantenerse y ello no podía hacerse si se citaba a declarar a los querellados. Además, consideró que las operaciones supuestamente fraudulentas cometidas por Millet y Montull debían ser previamente estudiadas por las auditorías --todavía pendientes--.
La Fiscalía, en cambio, opina que la declaración de los imputados no dificultaba el secreto de sumario y que se les podría haber interrogado sobre lo hasta entonces conocido, incluso sin estar terminadas las auditorías. Tras la confesión, la Fiscalía pidió de nuevo la declaración de los querellados, además de solicitar medidas patrimoniales. Entonces sí, el magistrado les citó a declarar para el lunes pasado.
Las acusaciones particulares, ejercidas por la Fundació y el Consorci, también tienen previsto presentar sendos recursos en breve. La asociación independentista Catalunya Estat Lliure solicitó hoy personarse como acusación popular.
