El Ministerio estima que el cálculo de la dotación anual no da mucho margen de error en la inversión calculada
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia y el Gobierno balear finalizaron hoy la reunión que mantuvieron en Madrid sin cerrar una dotación concreta para el traspaso de competencias de Justicia a la Comunidad, por lo que acordaron volver a reunirse en diciembre para proseguir con la negociación e intentar llegar a un acuerdo sobre el anexo de inversiones para la mejora de las dependencias judiciales, y que el Gobierno balear considera una prioridad.
En este sentido, el consejero de Presidencia, Albert Moragues, que encabezó la delegación balear que se reunió en Madrid con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, afirmó que se ha conseguido aumentar en unos dos millones la partida, que alcanzaría en este momento los 52 millones de euros anuales, una cantidad prácticamente idéntica a la barajada en la anterior reunión.
Además, el Gobierno balear y el Ministerio han decidido centrar el objetivo de la negociación en determinar la futura ubicación del nuevo edificio judicial de Ibiza. Así, el Ejecutivo trasladó hoy al Gobierno central la propuesta de una posible nueva ubicación del edificio por parte del Ayuntamiento de Ibiza.
Tanto el Gobierno balear como el Ministerio consideran prioritario este punto, ya que supone "una parte muy importante" del anexo de inversiones -cuya estimación de coste se determinará ulteriormente a la zona elegida-, y dedicarán una reunión de diciembre a intentar resolverlo, detalló Pérez.
Mientras, Moragues aclaró al respecto que se espera que en la próxima cita pueda quedar resuelto para enero la problemática que implica la nueva propuesta y la financiación del mismo.
Durante el encuentro se acordó como actuaciones prioritarias la construcción de instalaciones en las localidades de Maó y Ciutadella, y se ratificó la voluntad de formalizar el traspaso antes de que acabe la legislatura del Gobierno central, aunque "si ésta se diera en abril, no pasaría nada", aseveró Moragues.
"POCO MARGEN DE ERROR" EN LA DOTACIÓN ANUAL
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia detalló que en lo referente a la dotación anual se mantienen las estimaciones iniciales, aunque reconoció que con el paso del transcurso del proceso se están produciendo correcciones al alza. No obstante, Pérez detalló que esta cuestión admite "poco margen de error" porque dicha cifra se establece a partir del cálculo histórico del coste efectivo de la inversión en los servicios generales.
Mientras, el consejero de Presidencia del Gobierno balear detalló que la modificación de dos millones de euros se ha obtenido al reajustar una partida presupuestaria, y se mostró confiado en que en los sucesivos encuentros se pueda aumentar la financiación anual que está ofreciendo el Ministerio de acuerdo al documento de trabajo elaborado por el departamento dirigido por Mariano Fernández Bermejo.
No obstante, Moragues no quiso pronunciarse sobre una cifra final aproximativa de la dotación anual, precisando simplemente que la negociación en este apartado se orienta por el "buen camino" y definido dentro de una "zona lógica" en la inversión anual que acarreará el traspaso competencial de la Justicia a Baleares.
IBIZA: PRORIDAD EN EL ANEXO DE INVERSIONES
Ambos dirigentes detallaron que los esfuerzos de la negociación de la cesión de la administración de la Justicia al Ejecutivo autonómico se centrarán ahora en definir el capítulo de inversiones anexo, donde se determinó en la jornada de hoy que el proyecto de nuevo juzgado en Ibiza será "principal" en la plasmación final de la inversión en nuevas infraestructuras judiciales.
En su comparencia, Moragues detalló que el Ayuntamiento de Ibiza ha propuesto --en consultas con la Comunidad-- un posible cambio de ubicación del próximo edificio judicial en las inmediaciones de la estación de autobuses de la isla, que no se había contemplado en la anterior reunión en donde el Ministerio y Gobierno balear ya que ambas administraciones estaban tratando la zona de Eivissa Centre, por lo que se ha solicitado al Gobierno central que analice esta propuesta porque "las necesidades que tenía puestos el Ministerio sobre el edificio de Eivissa Centre son un poco mayores" que la nueva alternativa, señaló el consejero.
El consejero de Presidencia detalló que la posibilidad de una nueva ubicación "ha desbaratado un poco" el calendario de trabajo de la negociación del traspaso, estableciendo un margen "prudencial" de análisis técnico a esta propuesta dentro de un proceso que continuará en un ritmo "rápido".
Por su parte, el secretario de Estado aseguró que el acuerdo alcanzado hoy consiste en aclarar primero la ubicación del juzgado de Ibiza, que por su mayor magnitud definirá el proyecto de las inversiones anexas en infraestructuras judiciales que acompañará al traspaso de competencias.
"Hemos acordado primero definir lo de Ibiza y luego lo demás porque es el punto central dentro dentro de la lista de prioridades", detalló el 'número dos' del Ministerio, precisando que el resto de proyectos y las cantidades económicas que suscitan son "más manejables".
En ese sentido remarcó que el proyecto de nuevo juzgado de las isla implica "dificultades que sobrepasan la voluntad política", como son las cuestiones técnicas en materia urbanística y de calificación de terrenos, unido a la "complejidad" que acarrea este plan de edificio judicial en financiación económica.
A su vez, Pérez detalló que la modificación puede suponer variaciones "al alza o a la baja" en la inversión del capítulo anexo, si bien se mostró confiado en que en diciembre se acuerde una resolución satisfactoria, para con ello proseguir con los otros puntos, de los que existen posturas muy parecidas, indicó.
"Hemos encontrado que Ibiza es un punto especialmente crítico por su complejidad técnica que sobrepasa la voluntad política, e implica complejidades urbanísticas, financieras e incluso administrativas que obliga a resolverlas primero", detalló el representante del Ministerio, quien no obstante aseveró que "existe sintonía política" sobre el mismo, y que la nueva situación se ha motivado por motivos técnicos.
Pérez recalcó en este sentido que deberá acometerse la elección de la ubicación, para posteriormente determinar su coste y determinar si el comienzo de las obras de construcción corresponde al Ministerio o al Gobierno balear, por lo que se ha planteado como central resolver este punto para avanzar en la definición de otras infraestructuras.
