Ampl.-Multado con 16.560 euros el ex rector de la Cervantes por delito continuado de abuso sexual sobre una trabajadora

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha impuesto una multa de 16.560 euros al que fuera rector gerente de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Santiago Fernández Fernández, por delito continuado de abuso sexual cometido entre los meses de julio y octubre de 2003 sobre la entonces secretaria personal, Elena F.P.

En su fallo, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la juez impone igualmente al condenado la obligación de indemnizar a su víctima en la cantidad de 9.000 euros, aunque no llega a establecer su inhabilitación para el ejercicio de empleo público, profesión u oficio relacionado con la enseñanza en establecimientos públicos o privados.

La sentencia, contrasta con las penas de 2,5 y 3,7 años de prisión que habían sido solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, respectivamente, que igualmente habían pedido, por este mismo orden, el pago de indemnizaciones en favor de la víctima por valor de 9.000 y 12.000 euros, respectivamente.

Tras conocer el fallo, el acusador particular, el letrado de UGT Francisco Ferreira, en declaraciones a Europa Press, expresó su "satisfacción" puesto que, según recordó, inicialmente el juez instructor sólo veía una falta y finalmente "se ha visto que el acusado cometió un delito", que, a pesar de no terminar en pena privativa de libertad, "se ha traducido en una multa y una indemnización importantes".

El abogado, quien alegó desconocer el contenido de la sentencia, anunció su propósito de reunirse con su patrocinada con el fin de estudiar o no la posibilidad de recurrir en apelación ante la Audiencia provincial al objeto de lograr una condena más dura.

El juicio se desarrolló el pasado día 14 de diciembre y en él la Fiscalía vallisoletana y la acusación particular, ejercida por UGT, incidieron en que el ahora condenado hizo valer su posición jerárquica en lo laboral y, a su vez como gerente de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, para protagonizar hasta cinco actos atentatorios contra la libertad sexual de la víctima, de 28 años, quien había sido contratada desde el día 1 de julio de 2003 con una duración de un año para el puesto de secretaria personal.

El primero de los incidentes tuvo lugar pocos días después de entrar a trabajar, en torno al 7 u 8 de julio, cuando Santiago Fernández invitó a su secretaria a tomar un café y al pasar por varias puertas de paso la agarró por la cintura y le acarició la zona abdominal, conducta que repitió en varias ocasiones.

Quince días después, cuando la víctima trabajaba en un ordenador, el entonces rector se acercó por detrás y tras cogerla por los hombros procedió a masajear éstos y la espalda, mientras que el día 19 de agosto, fecha del cumpleaños de la trabajadora, el condenado la apretó contra su cuerpo y la besó por toda la cara al aproximarse a ella con el fin de felicitarla.

El día 5 de septiembre Santiago Fernández dijo a la trabajadora que se merecía todo y la abrazó con fuerza tratando de besarla en la boca, si bien sólo logró hacerlo en la cara debido a su fuerte oposición.

Un episodio similar volvió a reproducirse el 13 de octubre cuando el ya ex rector llamó a Elena a su despacho y tras cerrar la puerta le dijo que le sentaba muy bien el vestido que llevaba y volvió a tratar de besarla en la boca, sin conseguirlo.

Fue el día 27 de octubre de ese mismo año cuando la secretaria recibió una carta de despido por parte de la empresa, tras lo cual se vio obligada a someterse a tratamiento psiquiátrico a consecuencia de la conducta de su jefe.

Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 2 pretendió juzgar al ex rector por una mera falta, si bien la acusación particular, ejercida por los Servicios Jurídicos de UGT, recurrió el auto de imputación dictado el 17 de noviembre de 2004 y la Audiencia Provincial, de conformidad con la postura de la Fiscalía, resolvió transformar las diligencias en procedimiento abreviado para que se juzgase al acusado por un presunto delito o delitos contra la libertad sexual.