Pide que se impida a ANV concurrir al 9-M sin escucharles antes y, en todo caso, antes del próximo día 11.
MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ausencia de condenas por parte de los integrantes de ANV a las acciones de ETA y su estrategia política respecto a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco, coincidentes con los postulados de la organización terrorista, constituyen las pruebas claves para justificar ahora, según la Fiscalía, una demanda de ilegalización contra esta formación política. A ello se sumaría la colaboración económica de esta formación con Batasuna.
Así se destaca en el documento de 109 páginas presentado hoy ante la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo por el el fiscal jefe ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Antonio Narváez. La demanda se entregó acompañada de seis tomos que contienen los informes policiales que avalan la tesis del Ministerio Público.
Según esta tesis, la ilegalización de ANV procede en este momento -al contrario de lo que se pensaba antes de los comicios electorales de mayo de 2007, cuando tan solo fueron impugnadas 133 listas electorales de esta formación-, porque desde entonces "se ha producido una paulatina cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que concede la normativa electoral a ANV".
La actuación de ANV antes de las elecciones municipales, según la Fiscalía, "no satisfacía entonces la exigencia de reiteración o acumulación" que exige la Ley de Partidos para establecer que una formación está sirviendo a los intereses de organizaciones terroristas.
Sin embargo, los indicios recogidos entonces han cobrado ahora "una especial significación a la luz de su posterior trayectoria", añade el fiscal, ya que "de modo paulatino van identificándose plenamente con el discurso y la estrategia de los partidos ilegales". En este sentido, las sospechas iniciales han venido a sumarse hoy "a elementos de juicio nuevos o que no estaban acreditados documentalmente hasta este momento".
Tras "tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de la banda ETA", los miembros de ANV "han minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna", según el fiscal. Así, las manifestaciones del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi afirmando, en mayo de 2007, que "en los estatutos de ANV consta un rechazo expreso a la violencia" se pasó a una clara decantación en sentido contrario una vez que, tras los comicios, ANV entró en los ayuntamientos.
En su demanda, que se tramita por el procedimiento declarativo -más largo que el que supondría pedir la ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna-, la Fiscalía solicita la comparecencia, como testigos, de varios policías y agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes policiales sobre los que se basa su escrito.
También, y al igual que hiciera ayer la Abogacía del Estado, el fiscal solicita al Supremo que adopte determinadas medidas cautelares con el fin de que este partido político no pueda presentarse a los próximos comicios electorales.
MEDIDAS URGENTES.
Estas medidas son la suspensión de toda clase de actividades de ANV, el cierre de su sede social y demás inmuebles de su titularidad; el embargo de los ingresos por subvenciones públicas; de las cuentas corrientes, depósitos y demás activos financieros a su nombre y, finalmente, la suspensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales.
En principio, el Ministerio Público requiere, en relación con la última de estas medias y, "teniendo en cuenta la perentoriedad de los plazos en el proceso electoral convocado", que se acuerde sin el trámite de la audiencia previa a la parte demandada (sin escuchar antes a los abogados de ANV).
Si esto no es posible, demanda una repuesta en la mayor brevedad y, a ser posible, antes del 11 de febrero, fecha de proclamación de candidaturas, con el objetivo de asegurar la "plena efectividad de la medida cautelar que se acuerde".
La demanda de la Fiscalía viene acompañada del Informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, diversos Informes del Servicio Central de Información de la Guardia Civil, así como el acta del Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya) referida a la Junta de Portavoces celebrada el pasado 3 de diciembre de 2007. En dicha Junta, ANV se negó a suscribir un comunicado conjunto de repulsa tras los asesinatos de dos guardia civiles por ETA en Capbreton (Francia).
También se incorpora al escrito el auto de juez Baltasar Garzón referido al registro de la sede del partido Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) realizado el pasado 5 de octubre de 2007. En dicho registro se encontraron pruebas de conexión del citado partido con ANV que respaldan la conexión de todo el entramado con la estrategia de ETA en contra de las obras del TAV en el País Vasco.
Aportando las declaraciones vertidas por cargos públicos de ANV en relación con este asunto, la demanda concluye que: "Batasuna emite unas consignas que ANV reproduce públicamente en el marco institucional en el que tiene representación y la organización terrorista SEGI (condenada por el Supremo como grupo juvenil terrorista) aporta el explícito contenido amenazante que subyace en este mensaje público".
HERNANI.
A juicio del fiscal, se han apreciado conductas de apoyo a ETA en algunos representantes electos de ANV tras los atentados en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas o el asesinato de dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton.
Como prueba fundamental de apoyo explícito a ETA, la Fiscalía subraya las muestras de apoyo que la alcaldesa de Hernani ofreció el pasado 12 de enero a dos de los terroristas presuntamente responsables del atentado.
