Confirma la prisión provisional del agente González Clares, a quien considera "elemento nuclear" de la trama delictiva
MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo, que investiga las actividades de una presunta trama de corrupción policial, acordó hoy la imposición de fianzas que posibilitarán a tres de los siete imputados en estos hechos eludir la medida de prisión provisional que el magistrado dictó contra ellos en la madrugada del pasado día 5. A los dos agentes acusados de revelación de secretos -Antonio Jesús Parrilla y Celestino Rivera-,se les impone una fianza de 150.000 euros a cada uno, mientras que el abogado imputado podrá salir de prisión si deposita 250.000 euros.
Además del pago de las fianzas, a los tres se les imponen unas medidas aseguratorias complementarias, como la presentación los lunes, miércoles y viernes de cada semana ante el Juzgado de Instrucción más próximo a su domicilio, la prohibición de salir del territorio nacional sin expresa autorización judicial y la fijación de un domicilio en España. El incumplimiento de cualquiera de estas medidas "determinará su inmediata orden de detención e ingreso en prisión".
En otro auto dictado hoy, Del Olmo confirma la prisión provisional del agente José Luis González Clares, a quien el magistrado considera el "elemento nuclear personal" en la supuesta trama delictiva, "dirigida a ejecutar acciones graves de la mas diversa índole", entre ellas tráfico de drogas y explosivos.
Todas las resoluciones dictadas hoy por el juez rechazan los recursos de reforma presentados por los cuatro imputados contra el auto de prisión dictado el pasado día 5, tras tomarles declaración a todos ellos. El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo rechazó en todos los casos la puesta en libertad de los implicados dada la gravedad de los hechos que se les imputan.
En el caso de Parrilla, Rivera y el letrado imputado, el magistrado mantiene las imputaciones, si bien acuerda imponerles una fianza por entender que ya no existe peligro de que ninguno de ellos manipule pruebas mientras continúa la investigación judicial.
GONZÁLEZ CLARES.
En el auto de prisión se atribuyen a González Clares, al agente Luis López Hidalgo (en libertad bajo fianza) y a dos civiles, el matrimonio formado por Manuel Romero Moreno e Isabel García, la comisión de los delitos de tenencia y transporte de sustancias explosivas (que podría alcanzar hasta 5 años de prisión), tenencia de sustancias estupefacientes (hasta 9 años de cárcel) y la detención ilegal de dos personas "que estuvieron privadas de libertad por su comportamiento".
Al primero de los agentes también se le atribuye omisión de su obligación de perseguir delitos, falsedad en documento oficial en las comparecencias policiales de los atestados en que intervino e intimidación grave a los funcionarios policiales que estaban efectuando su actividad investigadora. El fiscal se opuso a su excarcelación por las numerosísimas imputaciones que pesan sobre él, que se ve agravada por su condición profesional de policía.
Por su parte, Del Olmo señala que los indicios contra González Clares incluidos en el auto de prisión "conforman una constelación de presuntas conductas penales que se han visto corroboradas con las diligencias instructorias hasta ahora practicadas". Se refiere a la intervención de 5 kilos de dinamita el pasado mes de agosto en Leganés (Madrid) y a la conspiración para atribuir un delito de tráfico de drogas a una ciudadana rusa.
El magistrado hace constar que González Clares tenía una estrecha relación de confianza con Romero e Isabel García que le ha llevado a participar con ellos en operación de adquisición de sociedades mercantiles, motivo por el que los tres contactaron con el abogado imputado.
Añade que este policía "aparece como elemento nuclear personal en la supuesta trama delictiva, dirigida a ejecutar acciones graves de la más diversa índole, con desprecio absoluto a su función policial, y prestando su labor para obtener designios ilegítimos, propios o ajenos (en este caso, sin que se excluya la obtención de algún tipo de beneficio ilícito) y despreciando valores tan esenciales, alos que como funcionario policial está especialmente obligado a preservar, como la libertad personal y el respeto a la Administración de Justicia".
REVELACIÓN DE SECRETOS.
A Parrilla y Rivera se les acusa inicialmente de revelación de secretos que ha causado grave perjuicio a la causa pública, por la supuesta filtración de datos relevantes de investigación a un medio de comunicación, lo que puede conllevar penas de entre 1 y 3 años de cárcel. El fiscal se opuso a que fueran excarcelados por entender que persiste el riesgo de que se fuguen teniendo en cuenta "las consecuencias sociales y profesionales" que conllevan la investigación de los hechos para ambos agentes.
Según la Fiscalía, la necesidad de completar la investigación puede verse afectada por la puesta en libertad de los dos policías, como de hecho ya ocurrió por su filtración de estas investigaciones a un periódico.
"ACTITUD ABSOLUTAMENTE REPROBABLE".
El juez destaca que tanto Parrilla como Rivera conocían el grave perjuicio que sus filtraciones iban a causar a la investigación y que, "lejos de evitar ese comportamiento, se alegran de los gravísimos perjuicios que iba a ocasionar, en una actitud absolutamente reprobable para un funcionario público, y en mayor medida para un policía".
Al abogado, el juez le imputa tenencia de estupefacientes y detención ilegal. Le implica, junto a los policías González Clares y Luis López Hidalgo (en libertad bajo fianza) y otros dos civiles en un "montaje para imputar tráfico de drogas a una ciudadana rusa el pasado mes de octubre.
El fiscal se opuso a su excarcelación por entender que existía riesgo de fuga y de manipulación de pruebas, si bien el juez le impone una fianza de 250.000 euros "en atención a los factores de arraigo" concurrentes en su persona, así como sus "circunstancias personales (médicas), familiares y de edad".
Por lo que se refiere al capítulo de tráfico con Goma Dos ECO, el juez detalla en su auto del pasado día 5 cómo Romero avisó a "José el Moro" de que tenía el explosivo, cuyo traspaso atribuyó a un tal Adolfo Rodríguez, quien estuvo preso por este motivo entre los pasados 15 y 18 de agosto. Los imputados se contradicen en lo referido al lugar de entrega del explosivo al policía González Clares y tampoco coincide su historia con lo referido por dos miembros de UCYCO que participaron en esta diligencia y para los que el juez acordó la libertad tras interrogarlos ayer, aunque los mantiene imputados en la causa.
Sobre la conspiración contra la ciudadana rusa Svetlana M., se trata de la nuera del abogado imputado, quien fue detenida por González Clares y López Hidalgo el pasado 19 de octubre, al serle intervenido un paquete con 950 gramos de cocaína cuando salía de casa de sus suegros, donde viven sus dos hijos.
Según la investigación desarrollada por el juez de la Audiencia Nacional, la intervención policial se produjo un instante después de que una mujer, que luego fue identificada como Isabel García, se acercara Svetlana y, tras preguntarle si la recordaba, le hiciera entrega la bolsa que contenía droga y saliera corriendo. Los policías señalaron en su atestado que se acercaron a las dos mujeres al apreciar un intercambio de dinero por droga y que uno de ellas huyó sin que se pudiera darle alcance.
