PALMA DE MALLORCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vinces, impidió hoy la convalidación del Decreto ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y medio ambiente al abstenerse en la votación, por lo que los grupos del pacte no han podido reunir la mayoría parlamentaria necesaria para llevar adelante el decreto.
El diputado, de esta forma, se ha desmarcado de la disciplina de voto de PSIB, UM y Bloc, como ya ocurrió ayer en el Parlament, cuando durante la votación de los presupuestos autonómicos para 2010 Vicens votó a favor de varias enmiendas que él mismo había presentado, y con las que los partidos del Pacte no estaban a favor. Finalmente, los presupuestos fueron aprobados con el voto del diputado.
La razón esgrimida por Vicens para no votar hoy a favor de la convalidación del Decreto ley es que no ve "correcto" que se tramite como un decreto, porque, a su juicio, sería "más transparente y más participativo" dar la oportunidad a los ayuntamientos y los Consells a tomen parte en la normativa. Y consideró, además, que la iniciativa debería tramitarse como Proyecto de ley.
Este nuevo conflicto en la Cámara autonómica protagonizado por Bartomeu Vicens se producía la misma mañana que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares le ha condenado a cuatro años y medio de cárcel por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms.
La sentencia considera probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular de Territorio del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, institución que presidía Maria Antonia Munar, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.
DEBATE DEL DECRETO
El Decreto derogado aborda cuestiones consideradas de "urgente aplicación" y que debían permitir la ejecución de inversiones en Ibiza y Menorca. La propuesta, que fue sometida a votación en el último pleno del actual periodo de sesiones, prevé la instalación de la nueva depuradora de Vila en los terrenos del cuartel militar de Sa Coma, y la construcción de un centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera, en el municipio de Ferreries.
Durante la fijación de posiciones, los portavoces del Grupo Mixto, UM y PSIB -a excepción de El Bloc per Mallorca, que no intervino en el debate- destacaron las bondades de la iniciativa y destacaron, entre otros beneficios, que servirá para incentivar la economía y para dar respuesta a cuestiones generales que requieren de determinaciones "concretas" en materia territorial a través de una norma legal.
En cambio, el PP cuestionó la legalidad de las actuaciones contempladas "al saltarse todos los requisitos que marca el Consell de Ibiza y de Menorca", por lo que pidió su retirada y que la ejecución de las propuestas se tramiten a través de los organismos competentes. "El fin no justicia los medios", apuntó el diputado Josep Joan Cardona, quien señaló que lo adecuado sería modificar los PTI.
Entre los argumentos en defensa del decreto esgrimidos por los partidos que forman parte del Govern, la diputada del Grupo Mixto, Esperança Marí (Eivissa pel Canvi), valoró la agilización de las obras de construcción de un espacio como Sa Coma, siempre y cuando, apuntó, se realicen bajo unos "criterios de sostenibilidad". El diputado del Grupo Mixto, Josep Melià, destacó que con la propuesta "se evita que haya un vacío en competencias de Caza, hasta que se proceda al traspaso de las competencias a los Consells".
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Joan Bonet, rebatió las críticas del PP que acusan al Govern balear de practicar el "urbanismo a la carta", puesto que, defendió, el centro de interpretación de Menorca "beneficia al 100 por cien de la población". "El urbanismo a la carta es cuando se aplican normativas para intereses puntuales y no es el caso", esgrimió.
CINCO DECRETOS EN 2009
Desde el Grupo Popular aclararon que "en ningún momento se han opuesto a que se realicen las inversiones", sino que su rechazo se debe a la excesiva utilización de esta figura, ya que en 2009 se han aprobado cinco Decretos ley "haciendo un abuso de esta figura legal con norma con rango de ley que no está controlada por el Parlament", señaló al tiempo que recordó que el artículo 49 del Estatut de Autonomía de Baleares permite que en "situaciones de extraordinaria necesidad" se recurra a esta medida.
Con todo, criticó que se vayan a ejecutar los proyectos previstos en Ibiza y Menorca "saltándose la normas y no tener que respetar ni un sólo de los trámites que la Ley establece, además de no contar con la opinión de los vecinos de los municipios afectados", apuntó.
ASPECTOS DE LA NORMATIVA
Entre otros aspectos, la normativa habilita al Consell de Ibiza para la redacción de un plan especial supramunicipal (Eivissa y Sant Antoni de Portamany) para la zona del antiguo recinto militar de sa Coma, que determinará y distribuirá los usos y equipamientos en este área. A través del plan especial, detalló que no harán falta modificaciones del Plan Territorial de Ibiza ni de las respectivas ordenaciones urbanísticas de los municipios afectados.
Asimismo, el Decreto Ley declara la utilidad pública a efectos expropiatorios y la ocupación urgente del Camino de s'Enclusa, en el municipio de Ferreries, que también se trata de un antiguo recinto militar, donde el Consell de Menorca tiene prevista la construcción de un centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera.