AMPL.- Los vocales de extracción judicial evitan la suspensión del juez Tirado y confirman su multa de 1.500 euros

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmó hoy por catorce votos frente a siete la imposición de una multa de 1.500 euros al juez de lo Penal número 1 de Sevilla Rafael Tirado por el "retraso injustificado" que sufrió la ejecución de una condena por abusos dictada contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, que propició que éste encontrara en la calle cuando se produjo el crimen.

La decisión del Consejo fue respaldada por la totalidad de los vocales de extracción judicial con excepción de Félix Azón, ponente de la propuesta, quien durante el debate defendió la imposición de una suspensión de dos meses para Tirado, según explicó en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.

Otros cinco discrepantes, que no proceden de la Carrera Judicial, se posicionaron a favor de imponer a Tirado seis meses de suspensión -lo que conllevaría su traslado forzoso-, mientras que la vocal Concepción Espejel, de extracción judicial y designada a propuesta del PP, pidió que se le quitara incluso la multa, al entender que su actuación no había constituido ninguna infracción de carácter disciplinario.

Así, los vocales que defendieron seis meses de suspensión para el juez de Sevilla fueron los designados a propuesta del PSOE José Manuel Gómez Benítez (jurista), Gabriela Bravo y Almudena Lastra (fiscales), la ex diputada del PNV Margarita Uría y el abogado designado a propuesta de CiU Ramón Camp. Todos ellos darán a conocer en los próximos días el contenido de su voto particular.

En el bloque de los defensores de la multa todos son jueces excepto el secretario judicial Antonio Dorado y el subsecretario de Estado de Medio Ambiente y letrado de las Cortes Claro José Fernández.

"NO ES CORPORATIVISMO", SEGÚN BRAVO.

Bravo negó a preguntas de los periodistas que el sentido del voto revele la existencia de corporativismo alguno entre los miembros del Consejo procedentes de la Carrera Judicial, al tratarse de una decisión "legal y sujeta a derecho".

Explicó que la clave del debate ha estado en considerar si la conducta de Tirado podía calificarse de desatención grave o de retraso justificado. El CGPJ ha entendido que se trata de lo segundo, consecuencia de una desatención de carácter leve, por lo que la falta no podía calificarse como de muy grave, lo que hubiera obligado a suspender de sus funciones al juez de Sevilla.

La propuesta del vocal designado ponente para este asunto, Félix Azón, pasaba por rechazar el recurso presentado por el propio Tirado contra su sanción e imponer, en contestación a la solicitud de la Fiscalía, el mantenimiento de la multa o una suspensión de entre uno y seis meses.

RECURSO DE LA FISCALÍA.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que recurrirá la decisión del CGPJ ante el Tribunal Supremo, según señalaron a Europa Press fuentes de este órgano. El Ministerio Público recurrió la multa (impuesta por el anterior Consejo, cuyos vocales se encontraban en funciones), por entender que los hechos eran constitutivos de una falta muy grave, y pidió la suspensión del juez por tres años.

La Fiscalía pedía, concretamente, una sanción de suspensión por tres años por la comisión de una falta "muy grave" del art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que contemplaba la posibilidad de un traslado forzoso o incluso apartar definitivamente al magistrado de la carrera judicial, extremo que apoya la familia de la niña Mari Luz.

Argumentó que el juez sancionado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba".

Por estos mismos hechos, la secretaria judicial del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, fue suspendida, en este caso por el Ministerio de Justicia, a dos años de suspensión de empleo y sueldo, lo que provocó las protestas de los secretarios judiciales que culpan del 'caso Mari Luz' a la falta de inversión en la Administración de Justicia.