MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha decidido que un expediente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que provocó que la consultora PwC fuera sancionada por su trabajo de auditoría para el Banco Popular en 2012 sea aportado a la causa que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 5 relativo a la ampliación de capital de la extinta entidad de ese año.
Así consta en un auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda que es pertinente que el instructor, Santiago Pedraz, pueda estudiar ese expediente, concluso en 2018, y relativo a PwC y su socio auditor José María Sanz Olmeda.
El tribunal explica que dado que el objeto de la causa es "la posible comisión de unos hechos relativos a la supuesta falta a la verdad en que pudo incurrir el Banco Popular en la información emitida para la ampliación de capital que se llevó a cabo en el año 2012" es procedente analizar los informes en que se basó la entidad "a los efectos de informar a los compradores posibles de tal ampliación, así como de las cuentas anuales".
Según las partes que solicitaban incorporar ese expediente del ICAC a la causa, la resolución declaraba que la consultora y su socio auditor eran "corresponsables de dos infracciones graves (...) susceptibles de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y en su informe, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2012 de Banco Popular cuyos informes de auditoría fueron emitidos el 28 de febrero de 2013".
En todo caso, la Sala recuerda que debe ser el propio Pedraz quien valore si el informe del ICAC es "trascendente", algo que solo puede ocurrir una vez pueda recibirlo y examinarlo en el marco de la causa que instruye. Así, avala la decisión del magistrado de contar con ese documento.
EL INFORME DEL ICAC
Según el informe del Banco de España relativo a esa ampliación de capital, y al que también tuvo acceso Europa Press, existieron sanciones a PwC en febrero de 2016 desde el ICAC por la comisión de dos infracciones graves "al haber incurrido en el incumplimiento de ciertas Normas Técnicas de Auditoría (NTA)".
La resolución del ICAC, ratificada por el Ministerio de Economía y Competitividad (en vía administrativa) y por la Audiencia Nacional (ya en vía judicial), se refería principalmente a que en la documentación aportada por los auditores al respecto de la contabilización de la combinación de negocios entre Banco Popular y Banco Pastor "no constaba la realización de pruebas que acreditasen que los auditores habían obtenido evidencia adecuada y suficiente que les permitiese justificar y emitir su opinión sobre la correcta contabilización de dicha combinación de negocios (...)".
Adicionalmente, se consideró que los auditores tampoco obtuvieron evidencia "suficiente y adecuada" en relación con el test de deterioro del referido fondo de comercio resultante de los dos bancos. En su sentencia, la Audiencia Nacional especificaba que la sanción no llegaba "por una supuesta incorrecta valoración de la operación, sino por la no correcta documentación de dicha valoración en los papeles de trabajo".
Y en cuanto a que fuera calificada como grave, la resolución argumentaba que fue así porque fue un "incumplimiento de las normas de auditoría" y tenía "potencialidad de causar un efecto significativo sobre el resultado del trabajo de auditoría y, por tanto, del informe".
El informe del Banco de España especificaba que esa infracción se calificó como grave pero que no se prejuzgó "la existencia de ningún error en el cálculo del fondo de comercio resultante de la adquisición de Banco Pastor, ni intencionalidad en la infracción cometida". "Se refirió únicamente a que los papeles de trabajo de la auditoría de 2012 no estaban documentados de manera adecuada conforme a las NTA correspondientes", añadía.
SANZ OLMEDA
Cabe recordar que el auditor de PwC José María Sanz Olmeda, que coordinó las auditorías de las cuentas anuales del Banco Popular entre los años 2009 a 2015, declaró en enero ante el otro juez de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas irregularidades contables cometidas en 2016 en la entidad con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que en su declaración ante el magistrado José Luis Calama asumió y defendió el trabajo realizado por PwC tanto en materia contable como en el procedimiento seguido para llevar a cabo las tasaciones del banco.
