Superada la crisis diplomática con Marruecos, aún falta por cerrar el caso en manos de un tribunal en Zaragoza
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un año después de la acogida en España por razones humanitarias del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, la crisis diplomática con Marruecos que desencadenó ya ha quedado superada con el reciente viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat, pero la vía jurídica abierta por cómo se gestionó aún no se ha cerrado. Hasta el momento, permanece investigada la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, aunque la Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido a la Audiencia Provincial de Zaragoza que corrija la decisión del juez y archive la causa para ella.
Ghali aterrizó el 18 de abril de 2021 en la base áerea de Zaragoza y fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño con el mayor de los secretismos y previa autorización del Gobierno, que accedió por razones humanitarias a su traslado a España para que recibiera tratamiento contra la COVID-19 dado su delicado estado de salud.
La noticia, que el Gobierno no quiso hacer pública, no tardó en salir a la luz provocando el enfado inmediato de Rabat, que se quejó de no haber sido informado de antemano del gesto hacia Ghali. El país vecino aprovechó este hecho como excusa para escalar su presión sobre España para que siguiera los pasos de Estados Unidos y reconociera la marroquinidad del Sáhara.
Tras semanas de cruces de declaraciones, en los que el Gobierno trató por todos los medios de defender su actuación y de apaciguar a Rabat, el 17 y 18 de mayo se produjo la entrada masiva de más de 10.000 migrantes en Ceuta gracias a la dejadez de las fuerzas marroquíes. España trasladó su queja a Marruecos por estos hechos y el reino alauí optó por llamar a consultas a su embajadora en Madrid.
Ghali no abandonó el suelo español hasta el 2 de junio, cuando subió a un avión con destino a Argelia tras haber declarado el día anterior por vía telemática ante un juez de la Audiencia Nacional a raíz de una querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) por presuntos delitos de genocidio.
Con su paso por España se abrió una grave crisis diplomática con Marruecos que no se ha cerrado hasta hace apenas dos semanas, con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat a invitación del rey Mohamed VI tras una carta enviada a este en la que sostiene que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental presentado por Marruecos en 2007 constituye "la base más sólida, realista y creíble" para lograr una solución.
NUEVE MESES DE INVESTIGACIÓN
Al margen de los movimientos políticos que ha generado la estancia de Ghali en la península, la Justicia española ha pasado los últimos nueve meses investigando la entrada del líder del Polisario.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza abrió diligencias en julio de 2021 para esclarecer si se cometió o no un presunto delito de prevaricación y/o falsedad documental toda vez que el político saharaui aterrizó en la base aérea sin pasar por controles de frontera ni de documentación y fue identificado en el hospital con un pasaporte bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.
En este procedimiento figuran dos acusaciones, una a cargo del abogado Juan Carlos Navarro y otra por parte del letrado Antonio Urdiales. La Abogacía del Estado pidió al juez Rafael Lasala que las apartara de la causa, pero finalmente la Fiscalía se opuso y el magistrado desestimó la solicitud de los servicios jurídicos que ejercen la defensa de la exministra de Asuntos Exteriores y de quien fuera su jefe de gabinete, Camilo Villarino.
En el marco de las diligencias de investigación, ambos excargos del Ejecutivo declararon en calidad de investigados ante el instructor y defendieron la legalidad del procedimiento de entrada de Ghali.
LAYA DEFIENDE LA LEGALIDAD DE LA ENTRADA
González Laya aseguró que recibió una llamada de Argelia --aunque no desveló de quién-- en la que le avisaron que el líder del Polisario viajaría a España en un avión medicalizado. Explicó que su traslado se hizo con "discreción" porque su caso involucraba a "dos vecinos" con "aristas políticas", en referencia a Argelia y Marruecos, aunque no llegó a mencionar a este último.
Asimismo, aseguró que el código diplomático del espacio Schegen da flexibilidad a los países para permitir entradas ajenas a los controles ordinarios y que en situaciones humanitarias también permite la entrada incluso si no se porta documentación.
En el marco de aquel interrogatorio, el juez reprochó a la exministra que se amparase en la ley de secretos oficiales para evitar identificar a la autoridad argelina que le avisó y a los miembros del Ejecutivo español que tenían conocimiento de la operación. En uno de sus autos posteriores, el magistrado insistió en que "el presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta".
Además de escuchar a González Laya y a Villarino, el titular del Juzgado también ha interrogado a una serie de testigos, incluidos cargos del Ministerio de Interior, cargos del Gobierno de La Rioja, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal sanitario. La mayoría se han desmarcado de la operación.
El juez, además, ha encargado una batería de diligencias a diferentes unidades de la Policía, que han tomado declaración a algunos testigos, han pedido información a las bases de datos policiales internacionales y han aportado al Juzgado informes varios sobre los documentos de identidad relativos a Ghali.
PENDIENTES DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Tras todos estos movimientos, la única persona que permanece investigada actualmente en la causa es González Laya. La Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido a la Audiencia Provincial de Zaragoza que corrija al juez Lasala y acuerde el archivo de la investigación que se sigue contra la exministra.
La causa para el exjefe de gabinete de Exteriores ha quedado archivada, pero una de las acusaciones populares también ha elevado esta decisión al órgano superior para solicitar que se mantenga como investigado.
Con ambos recursos, el destino de la causa queda prácticamente en manos de la Audiencia Provincial de Zaragoza, aunque es posible que mientras revisa los escritos y adopta una decisión el juez ordene nuevas diligencias de investigación.
