Anticorrupción atenúa la pena de Aldama por su "confesión" y le pide 7 años de cárcel por la trama de mascarillas

   MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

   La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo (TS) que el empresario Víctor de Aldama sea condenado a 7 años de cárcel por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, una petición sustancialmente menor que las realizadas para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, porque valora la "confesión" de presunto conseguidor de la trama de mascarillas.

    En un escrito, de 20 páginas, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, expone que, en el caso de Aldama, concurre "la atenuante de confesión". Fue en noviembre de 2024 cuando el empresario declaró en la Audiencia Nacional en otro caso (hidrocarburos) para confirmar hechos que ya se investigaban en el 'caso Koldo' y revelar otros, tanto en relación con la trama de mascarillas como de la trama de obra pública que, en ese momento, no se conocía.

   Tras esta confesión, el empresario fue puesto en libertad. Salió de la cárcel madrileña de Soto del Real el 22 de noviembre de ese año, poco después de su entrada, el 10 de octubre. El juez del 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, revocó la prisión provisional que había acordado porque el fiscal anticorrupción Luis Pastor ya no pidió que siguiera encarcelado.

   En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Luzón también resalta ahora esa declaración al afirmar que "se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento".

   Asimismo, pone de relieve que no son afirmaciones "auto exculpatorias", ya que Aldama "viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la administración pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves".

   "Aldama ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con Ábalos y García, el comienzo de la misma y el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales, detallando la periódica entrega de importantes cantidades en efectivo junto con otras contraprestaciones puntuales realizadas siempre con el mismo objetivo", resume Luzón.

DESTAPÓ LA TRAMA DE AMAÑO DE OBRAS

   En concreto, menciona que "ha aportado el contrato celebrado con Ábalos para el arrendamiento con opción de compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid e interpretado su alcance, desconocido para los investigadores".

    Esa casa se valoraba en 750.000 euros en dicho contrato pero su valor de mercado rozaba los 2 millones. Aldama explicó que era una garantía, para el entonces ministro, de las comisiones que cobraría, a futuro, de los empresario favorecidos con la adjudicación irregular de obra pública.

   Luzón se detiene en este aspecto para enfatizar que "Aldama ha aportado información relevante en esta causa especial sobre el amaño en la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes durante el período en el que Ábalos fue su titular".

    "Como elemento corroborador de su relato, aportó sendos pantallazos de presupuestos con determinadas obras, señaladas como 'disponibles', que le habrían sido remitidos por Koldo, documentos que, además, aparecían manuscritos en sus márgenes", señala el fiscal.

   Y recuerda que, si bien "Koldo negó que la letra que figuraba en dichos documentos hubiera sido puesta por su mano", "el resultado de la prueba pericial practicada al respecto determinó su autoría".

    "Como consecuencia de ello", el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, "ordenó emprender una investigación acerca de la adjudicación de las referidas obras públicas", en lo que ha terminado siendo una pieza separada.

   El jefe de Anticorrupción añade que, a lo largo de esas pesquisas, se han confirmado las revelaciones de Aldama, incluida "la participación en tales amaños de Santos Cerdán y de determinados empresarios".

TRES DELITOS FRENTE A CINCO

   El resultado de todo ello es que, frente a los 24 y 19 años y medio de prisión que reclama para Ábalos y Koldo, respectivamente, para Aldama solicita únicamente 7 años de prisión. Además, en el exministro y quien fuera su asesor aprecia cinco delitos --organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada-- mientras que al empresario le apunta tres: organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada.

   En particular, por organización criminal solicita una condena de 4 años de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

   Por un delito continuado de cohecho, le reclama 3 años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 300 euros (108.000 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 9 años.

   Finalmente, por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, exige una multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un año.

UNA CARGA ECONÓMICA SIMILAR A LA DE ÁBALOS Y KOLDO

   La peticiones respecto a Aldama solo se alinean con las formuladas para Ábalos y Koldo en las multas. En el caso del empresario suman 3,8 millones de euros, cantidad ligeramente inferior a la reclamada para el exministro y el exasesor, de 3,9 millones de euros cada uno.

    Además, a estos dos últimos les pide indemnización conjunta y solidaria para las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de 34.477,86 y 9.500,54 euros, respectivamente.

   No obstante, Luzón interesa acordar "el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros", en relación con los tres acusados.