Anticorrupción pide penas de entre 2 y 15 años de cárcel para los doce imputados en el caso "AVE"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez pidió hoy penas de entre 2 y 15 años de cárcel para los doce imputados en el "caso AVE". La Fiscalía Especial rebajó entre 1 y 5 años la petición de pena para nueve de ellos, mientras mantuvo la de 6 años de cárcel para el ex ministro socialista y ex presidente de RENFE Julián García Valverde, el ex administrador de Filesa Luis Oliveró y el director de Compras y Mantenimiento de RENFE Leopoldo Iglesias.

La Abogacía del Estado modificó su calificación provisional, al retirar el delito de cohecho a todos los imputados, y mantuvo el delito de falsedad documental y los delitos fiscales, aunque adhiriéndose a la petición de pena formulada por el Ministerio Público.

La Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid aplazó el juicio hasta el próximo día 23 a petición de los abogados defensores, para estudiar las modificaciones introducidas tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado y elaborar sus conclusiones definitivas.

La Fiscalía disminuye de 15 a 8 años de prisión su propuesta de pena para la ex responsable de Finanzas del Partido Socialista, Aída Alvarez y su marido, Miguel Molledo. Además, les reduce la multa de 1,3 millones de euros a 750.000 euros.

También rebaja las penas de 11 a 8 años de cárcel para el ex miembro del comité electoral del PSOE en 1986 Juan Carlos Mangana; Sotero Jiménez, quien fue el ex secretario del dirigente socialista Guillermo Galeote, y el ex director del gabinete de Infraestructura y Seguimiento para las Situaciones de Crisis de La Moncloa Florencio Ornia. Además, la acusación pública solicita para ellos dos multas, una de más de 6 millones de euros y otra de 150 euros cada día durante nueve meses.

La mayor petición de cárcel es para los ex responsables de Siemens (empresa adjudicadora del AVE) Mario Huete, Francisco Francés y Juan José Chinchilla, quienes se enfrentan a 15 años de prisión, aunque en sus conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal pedía una pena de 20 años y 11 meses de cárcel. La Fiscalía pide para ellos una multa de casi 14 millones de euros. A Valentín Medel, ex concejal socialista de Madrid, la acusación pública le rebajan la pena de 3 a 2 años de prisión.

Por su parte, los abogados de la acusación particular, que ejercen Juan Ramón Montero, en representación del PP, y el abogado del comisionista Joaquín Mundo Arago, elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales.

ACUSACIONES DE LA FISCALÍA

Anticorrupción sitúa los hechos en el Plan de Transporte Ferroviario aprobado por el Gobierno socialista en 1987, que impulsó la iniciación de grandes actuaciones en infraestructuras orientadas a la configuración de la red, y en el que destacó el proyecto NAFA (Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía), cuyos trazados fueron aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre de 1988.

En este escenario, según la Fiscalía, un grupo de responsables del PSOE relacionados con la Secretaría de Finanzas y Administración, el Gabinete de Presidencia y antiguos miembros de comités electorales del partido, junto con familiares y amigos, "urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de los contratistas, fabricantes y tecnólogos de los proyectos del AVE a cambio de concederles las adjudicaciones de los contratos por RENFE.

La fiscal señala que en el plan participaron los acusados Florencio Ornia, Juan Carlos Mangana y Aída Alvarez, Sotero Jiménez y Valentín Medel, aunque los encargados de diseñar el plan fueron Miguel Molledo y Luis Oliveró, así como "un alto dignatario extranjero, ex embajador ya fallecido". Además, destaca que la decisión de la adjudicaciones de los contratos concedidos por RENFE dependía de García Valverde, presidente de la sociedad estatal y amigo personal de Ornia.

En su escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía afirmaba que "no bastaba superar los procesos de selección y evaluación internos de los departamentos técnicos de RENFE, la última condición que había que cumplir era el pago de la comisión estipulada. De esta forma la negociación y evaluación de las ofertas perdió su genuino sentido para convertirse en una cobertura y un pretexto puramente formal, de una decisión adoptada injustamente y al margen, en función del pago de comisiones ilícitas, calculadas sobre el precio base de las futuras adjudicaciones; y todo ello en la fase última de negociación del Departamento de Compras de RENFE, en la que sólo intervenían" Iglesias y García Valverde.

No consta, agrega la fiscal, que el consejo de administración de RENFE conociera el pago de las comisiones, ya que aprobaban las propuestas finales presentadas por Iglesias y García Valverde. Según el escrito, "la primera fase de la trama se desarrolló en un clima de seguridad y se cumplieron todos los objetivos (de distribución de comisiones recibidas); mientras que en la segunda fase, ante el conocimiento público de las actividades de financiación irregular del PSOE, se abandonaron casi todos los planes originales".

El dinero se destinó, indica la fiscal, a financiar al PSOE a través de sociedades pantallas ubicadas en Liechtenstein, a pagar la campaña electoral del partido y a arrendar la sede socialista de la calle Gobelas, en Madrid. También se realizaron ciertos pagos al partido socialista que se ocultaron mediante facturas.

ABOGADO DEL ESTADO

Por su parte, el Abogado del Estado se adhiere en su escrito de conclusiones a la solicitud de penas y de responsabilidad civil de la Fiscalía, aunque a diferencia de él considera los hechos como constitutivos de un delito de falsedad documental continuada -por la emisión y aceptación de facturas falsas-, y siete delitos fiscales por la evasión de impuestos -cuatro se los imputa a Siemens, uno a GMP Consultores, otro a Tecnología Informática 2020 y un último a Distribuidora Express 2020-.

En concreto, considera autores de los delitos de falsedad continuada a Francés, Huete, Chinchilla, Mangada, Jiménez, Álvarez, Molledo, Ornia y Medel. Los siete delitos fiscales se los imputa a Francés, Huete y Chinchilla (los cuatro que, según sus conclusiones, cometió Siemens); a Mangana y Jiménez por el de GMP consultores; y, por último, a Álvarez y Molledo por los dos delitos fiscales de Distribuidora Express 2020 y Tecnología Informática 2020.