MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se mostró hoy "profundamente satisfecha" con la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar y disolver ANV, pero exigió al Gobierno que "use todos los medios que el Estado de Derecho pone a su alcance" para disolver los consistorios gobernados por la formación abertzale, y expulsar a todos sus concejales.
La AVT reclamó también a la Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y al fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, que "pidan disculpas" a "toda" la sociedad, y en especial a las víctimas del terrorismo, por "haber defendido públicamente lo que se ha demostrado como una aberración y un engaño al pueblo español". "No eran hombres de paz ni buscaban la normalidad democrática, se defendió la presencia en las elecciones de etarras y secesionistas que atentan contra las normas más básicas de la convivencia", reprendió.
En este sentido, la AVT reconoció en un comunicado "no poder olvidar" que la vuelta a las instituciones de los terroristas "vino de la mano del PSOE", y que les permitió intentar "deformar" el ámbito político, gestionar el dinero público y acceder a "información sensible" para ejecutar los atentados. Dicho esto, acusó al Gobierno de impugnar "sólo una parte" de las listas de ANV antes de las elecciones municipales y agregó que si lo hubiera hecho en su totalidad "ETA ya estaría fuera de las instituciones democráticas".
"Hay una clara responsabilidad moral del Gobierno socialista desde el momento que instó tan sólo a la ilegalización de algunas de las candidaturas de ANV", criticó la asociación, que expresó sus dudas sobre si esta actuación hubiera podido responder a "criterios de conveniencia electoral".
A su entender, la sentencia del Supremo evidencia que la AVT "tenía razón" cuando pidió la ilegalización de ANV al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en 2007 y también que, como "se sabía en el País Vasco y Navarra", el partido "era la continuación de Batasuna y formaba parte del entramado de la banda".
Además, extendió su ataque al magistrado "que no quiso ilegalizar al partido cuando pudo hacerlo" antes de los comicios municipales, y subrayó que "si los ediles de ANV siguen cobrando de todos los españoles" será también "responsabilidad moral" del juez. "Un dinero que puede ir a financiar a la banda terrorista ETA, a financiar sus balas y el próximo tiro en la nuca", advirtió.
Finalmente, considera que si el Ejecutivo socialista no toma la decisión de aplicar la ley "con todas sus consecuencias" se puede visualizar "un pacto en la sombra", que "podría recordar a las informaciones en las que se decía con claridad que se había pactado con ETA la presencia de ANV en las elecciones municipales".
