SAN SEBASTIAN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
ANV denunció hoy que el proyecto de Ley de Memoria Histórica es "ruin e insuficiente" y la propuesta del PSOE para que no puedan beneficiarse los partidos con alguna candidatura ilegalizada es "ilegal y un paso más contra la izquierda abertzale". Por ello, exigió que se devuelva a ANV "los bienes incautados" en la Guerra Civil y durante el franquismo, ya que la indemnización de "unos 685.000 euros" percibida al amparo de la Ley 43/98, es "insuficiente".
El secretario general de ANV, Txarli González, en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, junto al abogado Alvaro Reizabal y representantes de su formación, consideró que la Ley de la Memoria Histórica, cuyo proyecto fue aprobado en el Congreso el pasado 31 de octubre, supone "un paso más" del PSOE en su "lucha contra la izquierda abertzale".
A su juicio, el PSOE "ha querido aprovechar la revisión de la Ley 43/1998" de restitución o compensación a los partidos de los bienes incautados durante el franquismo, para "negar cualquier derecho de indemnización o devolución de los bienes incautados a ANV", al proponer que "ningún partido político que haya sido declarado ilegal, disuelto, suspendido judicialmente, o sobre los que se haya iniciado el procedimiento de ilegalización o se haya ilegalizado alguna de sus candidaturas en virtud a la Ley de Partidos" puedan ser beneficiarios de la misma.
González denunció que se trata de "un cambio de Ley hecho a la medida, con el fin de ir contra la izquierda abertzale histórica", que "no tiene fin" porque contra la izquierda abertzale todo vale". El secretario general de Aralar reiteró que la Ley es "insuficiente, ruin y mezquina con las víctimas y quiere impulsar el olvido, poniendo en la misma línea a víctimas y verdugos", y añadió que "no se trata de una cuestión de dinero, sino de dignidad".
Asimismo, criticó que el PSOE, con este "posicionamiento", quiere "dejar claro que no todos los proyectos políticos son viables y que desea cerrar todas las puertas a las ideas independentistas". "El único camino que nos queda es el de la independencia, para tener una Ley de la Memoria histórica propia", aseguró. Finalmente, indicó que ANV contactará con "EA, PNV, NaBai, ERC, UD para que tomen una postura firme contra este vergonzoso juego sucio" y también "pedirá el apoyo a las asociaciones de víctimas del franquismo".
"APLICACION RESTRICTIVA"
Por su parte, Reizabal reiteró que "ANV fue reconocida como beneficiaria de la Ley 43/1998", en virtud de la cual recibió una indemnización de "unos 685.000 euros", correspondientes al dinero del partido y al edificio que tenía en propiedad en Barakaldo, cantidad, a su juicio, "insuficiente".
El abogado denunció que la ley se aplicó de forma "totalmente restrictiva, se establecieron unos requisitos para la recuperación de los bienes, en muchos casos, imposibles de cumplir y se negó indemnizar bienes que pertenecían a personas o asociaciones interpuestas" que pertenecían a ANV. Además, señaló que se llevó a cabo "una valoración sumamente baja, de valor catastral, es decir, aproximadamente una tercera parte del valor real de los bienes".
Por todo ello, recordó que "CIU, ERC, PNV y otros partidos propusieron "aumentar las indemnizaciones, facilitar su pago, que no se exigieran pruebas tan rigurosas y, en definitiva, una aplicación más flexible de la ley 43/1998". En este contexto, Reizabal denunció que el PSOE "introduce una enmienda según la cual no sé podrá pagar a partidos ilegalizados, en trámite de ilegalización o a los que se haya ilegalizado alguna candidatura" lo cual es "absolutamente ilegal".
Reizabal reiteró que esta medida "va contra el espíritu" de la propia Ley 43/98 que intenta "reparar las incautaciones que se hicieron durante el franquismo que fueron una injusticia histórica" ya que, ahora, el PSOE "está haciendo una prórroga del franquismo, incautando bienes que ANV le corresponden de acuerdo a esa legislación".
"Se está haciendo una Ley para restringir derechos, no de forma general, sino a un partido político concreto, lo cual es discriminatorio y anticonstitucional", concluyó.