ANV.- PP preguntará a Rubalcaba en el Congreso si cree que ANV puede usar su presencia municipal para "financiar a ETA"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclare ante el Congreso si considera que Acción Nacionalista Vasca (ANV) puede utilizar su presencia en los ayuntamientos para "financiar a ETA". Así se lo exigirá en la sesión de control del próximo miércoles, un Pleno en el que el principal partido de la oposición volverá a solicitar la ilegalización de ANV.

La 'ofensiva' la abrirá el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, que preguntará a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que entiende "por hacer del Parlamento el centro de la vida política".

En los últimos días, Zaplana se ha venido quejando de que el jefe del Ejecutivo "dé la callada por respuesta" en sede parlamentaria sobre "la participación de los terroristas" en los comicios y, sin embargo, prefiera hablar de este asunto en los mítines que ofrece en los polideportivos.

Los 'populares' también dirigirán sendas cuestiones sobre este mismo tema al titular de Interior. En primer lugar, el portavoz adjunto del grupo, Jorge Fernández, le preguntará si cree que ANV puede "utilizar la presencia en las instituciones democráticas para financiar a ETA con el dinero de los impuestos de todos los españoles". Por su parte, el diputado Alejandro Ballestero, le solicitará que aclare si considera que "el terrorismo es la consecuencia de un conflicto político en el País Vasco".

ILEGALIZACION DE ANV Y COMPARECENCIA DE ZAPATERO.

Un día antes de la sesión de control, el Grupo Popular someterá a votación en el Pleno de la Cámara una moción en la que urge al jefe del Ejecutivo a explicar su política contra ETA y emplaza al Gobierno a solicitar la ilegalización ANV. Los 'populares' creen que "consentir en la puesta a disposición de los terroristas de las instituciones democráticas es un grave error político" de José Luis Rodríguez Zapatero.

De esta forma, y una vez escrutados los votos cosechados por ANV en el País Vasco y Navarra, el principal partido de la oposición pretende forzar un debate parlamentario sobre la necesidad de iniciar la ilegalización de este partido que, a su juicio, está "instrumentalizado por Batasuna".

En la moción --consecuencia de la interpelación que el secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, formuló la pasada semana al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo--, el PP señala que la vuelta de Batasuna a las instituciones "era un compromiso ineludible para mantener viva la negociación con ETA".

Por ello, añade, el Ejecutivo ha "subordinado" la aplicación de la Ley de Partidos "a su conveniencia política" y ha optado por no solicitar la ilegalización de ANV "a pesar de la evidencia de que esas siglas eran utilizadas como continuidad de Batasuna", limitándose a impugnar "una parte de las candidaturas" y "consintiendo la presentación de otras muchas".

Según el PP, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han reconocido que ANV ha sido "instrumentalizada" por Batasuna pero "han manifestado su incapacidad para ir más allá de lo solicitado por el Gobierno". Y el fiscal general, subraya, ha quedado en una posición "aún más insostenible" cuando, después de reconocer que el apoyo público de Batasuna a ANV podía permitir iniciar el proceso de ilegalización, "este apoyo se ha producido y él se ha limitado a rectificar sus palabras anteriores".

Recalca además en su iniciativa que los demócratas ya saben lo que significa la vuelta de Batasuna a las instituciones, puesto que "los ayuntamientos fueron utilizados para marcar objetivos a ETA, para financiarla y para obtener información para su aparato de extorsión". "Consentir en la puesta a disposición de los terroristas de las instituciones democráticas es, pues, un grave error político del Gobierno", resalta.

Por todo ello, el PP insta al Gobierno a que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, solicite la ilegalización de ANV, así como la suspensión de todas sus actividades. En segundo lugar, reclama la comparecencia del jefe del Ejecutivo ante el Pleno del Congreso para explicar su política contra ETA.