La APM reclama que sean los jueces y no los secretarios judiciales, los encargados de fijar la fecha de los juicios

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, emitió hoy un comunicado en el que reclama la introducción, en la ley de reforma procesal proyectada por el Gobierno, de una sugerencia realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces sigan manteniendo la potestad para señalar juicios y vistas, una atribución que la nueva Oficina Judicial deposita en los secretarios judiciales.

En un comunicado emitido hoy, la APM señala que no se trata tan solo de establecer el día y la hora de celebración de juicio "sino la preferencia con la que ha de hacerse cada uno de los señalamientos con respecto a los otros y el tiempo que precisará el enjuiciamiento de cada uno de los procesos."

Estos parámetros, según la asociación de jueces "no pueden ser estereotipados, por depender no sólo de la forma personal de dirección del juicio, sino de numerosas y frecuentes circunstancias y excepciones que una oficina común no sabrá ponderar y que afectan al interés público".

Añaden que, cuando el señalamiento corresponda a órganos colegiados (tres magistrados o más), es el tribunal el único que tendrá perfecto conocimiento de que magistrados de cada sección actuarán en cada fecha y es además el único que conocerá "quienes de entre sus miembros no pueden intervenir en determinados señalamientos por haber tenido intervención en actuaciones anteriores en otras instancias por haber resuelto recursos previos en los que se haya podido perder la imparcialidad objetiva".

Así, según la APM, pretender lo realice un secretario judicial, y que lo haga sobre la base de unos criterios esteriotipados dados por el presidente del Tribunal Superior o de la Audiencia Provincial, "no es sino garantía de permanentes suspensiones y retrasos".

El informe del CGPJ sobre la reforma de la ley proceal, aprobado ayer por el Pleno de este órgano, sugiere al Gobierno la necesidad de "reflexionar" sobre el tema de los señalamientos, que a su juicio deben realizarse siempre con conocimiento del juez adscrito al órgano en cuestión.