La APM replica a Conde-Pumpido que los delitos de terrorrismo "no admiten una interpretación flexible" de la ley

BILBAO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) del País Vasco replicó hoy al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que los delitos de terrorismo "no admiten una interpretación flexible" de la ley. Además, señaló que, si se considera que la Ley de Partidos "resulta inadecuada", la solución sería que el Parlamento la modifique, sin recurrir a "interpretaciones forzadas".

En un comunicado de prensa, la asociación advierte de que la interpretación de la ley que realice el fiscal general del Estado "no puede someterse a los criterios" del Gobierno en relación con el proceso de paz.

En este sentido, la APM critica "la confusión funcional de los distintos poderes e instituciones" que, según ellos, se está instalando "peligrosamente en órganos esenciales del Estado de Derecho", como la Fiscalía General del Estado.

La asociación judicial se refirió, de esta forma, a las declaraciones realizadas por Conde-Pumpido en el Senado, en las que afirmó que la Justicia "no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos", y aseguró que trabajará para "no acudir a un solo funeral más".

CONDENAS, NO VENGANZA

Además, la sección territorial de la APM en el País Vasco considera que, "por mandato constitucional", los jueces están "sometidos al imperio de la Ley". "Las penas previstas por el Código Penal se aplican con el fin de obtener la reeducación y reinserción social de los penados, sin que puedan entenderse, en ningún caso, como una venganza", señala.

Además, apunta que, si se cree "que el marco legal actual, en concreto la Ley de Partidos Políticos y algunos preceptos del Código Penal, resulta inadecuado, la única solución correcta es su modificación por el Parlamento, pero no cabe defender que se efectúen interpretaciones forzadas que puedan llevar en la práctica a su no aplicación". "Las leyes han de cumplirse y aplicarse en tanto se encuentren vigentes", subraya.

En este sentido, advierte de que "las normas penales y los delitos de terrorismo no son una excepción, no admiten una interpretación flexible, puesto que describen, por su propia naturaleza, conductas y penas muy precisas en ambos casos".

"En el Derecho Penal, el principio de legalidad impera con especial rigor, y no se olvide, para garantizar los derechos de los ciudadanos, para evitar que puedan quedar al albur del político de turno (Difícilmente se admitiría una interpretación flexible en supuestos, por ejemplo, de violencia sobre la mujer)", sentencia.