VITORIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Aralar solicitará que las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa incluyan en sus presupuestos del próximo año partidas destinadas a ayudas para sufragar los viajes de familiares de presos de ETA a las distintas cárceles del Estado español.
La decisión de Aralar se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitiera el pasado día 8 el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra las ayudas que el Gobierno vasco concede a familiares de presos de la organización terrorista para sufragar los gastos de los viajes que realizan a las distintas prisiones en las que éstos se encuentran encarcelados.
El Gobierno vasco en funciones, a través de su Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, aprobó el pasado 24 de marzo una orden que destina 225.081 euros a estas ayudas. El Ejecutivo adelantó así respecto a otros años la convocatoria de las ayudas, que se publicó 23 días después de las elecciones autonómicas del 1 de marzo.
Aralar registrará una propuesta en las Juntas Generales de los tres territorios históricos para solicitar el incremento de las subvenciones "concedidas a los familiares de los presos que sufren las consecuencias de la política de dispersión". Según explicaron desde esta formación a Europa Press, esta propuesta se traducirá en la petición de que los respectivos gobiernos forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa incluyan en sus presupuestos del próximo año una partida destinada a otorgar ayudas a los familiares de reclusos que se encuentran en esta situación.
La iniciativa será dada a conocer mañana en una rueda de prensa en San Sebastián por la juntera de Aralar por Guipúzcoa, Rebeka Ubera, y el juntero de esta formación por Vizcaya, Josu Murgia.
RECURSO
El recurso presentado por el Gobierno central contra la orden que concede las ayudas alude a la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del terrorismo, que fue aprobada en junio de 2008. En el artículo 9 de esta norma, titulado 'Paz, libertad y convivencia', se expone que se pondrán en marcha medidas activas para "la deslegitimación ética, social y política del terrorismo, defendiendo y promoviendo la legitimación social del Estado democrático de derecho".
Asimismo, establece que, en aquellas iniciativas de promoción de los valores democráticos y los derechos humanos que se consideren idóneas, "se contará con el testimonio y participación de las víctimas del terrorismo".
La Abogacía de Estado justifica la petición de la suspensión cautelar de la resolución del Departamento vasco de Justicia en que, con ella, pretende que "no se pueda causar un mal que, posteriormente, sería irreparable".
