Madrid estudiará la petición de elaborar un mapa de símbolos franquistas
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid estudiará la petición de elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura franquista, si bien el consistorio no ordenará la retirada de los símbolos localizados en Ministerios con sede en Madrid por ser de titularidad estatal.
Así lo recoge un escrito del secretario general del Pleno, al que ha tenido acceso Europa Press, que admite parcialmente la petición efectuada por el abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz de elaborar un mapa sobre los elementos de esta naturaleza que permanecen en la ciudad.
"Se considera la posibilidad de su admisión a trámite, a cuyos efectos se remite copia de la solicitud al Delegado del Área de las Artes, Deporte y Turismo, para que, si lo estima oportuno, responda en ese sentido a la solicitud formulada por el interesado en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación", dice.
En cuanto a la petición de que el Ayuntamiento madrileño dictara una ordenanza municipal ordenando la retirada "inmediata" de los "escudos, insignias y placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura", el escrito recoge que ninguno de los edificios citados por el abogado son de titularidad municipal.
Explica que se trata de sedes de distintos departamentos municipales y por esta razón se debe inadmitir parcialmente la petición relativa a este asunto "toda vez que el Ayuntamiento carece de competencias para actuar sobre los mismos".
DENUNCIA EN LOS TRIBUNALES
El abogado Eduardo Ranz denunció además en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal.
Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.
El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
