MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha rechazado que los responsables políticos critiquen la reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de que son los clientes los que deben pagar el impuesto de las hipotecas y ha pedido que no "responsabilice" al Poder Judicial de los problemas que pueden ser resueltos desde el Poder Legislativo.
Así lo ha dicho en un comunicado en el que reconoce la "lamentable gestión" de este asunto, después de que el Pleno estudiase tres recursos sobre el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), tras conocer el cambio de jurisprudencia hace tres semanas por una Sección de esta Sala. "Es comprensible que haya causado desconcierto en la opinión pública y un profundo malestar por parte de quienes se ven afectados por su contenido", destaca la asociación y reconocen que "lo fácil" es "sumarse a quienes promueven el desprestigio de la Justicia española"
Sin embargo, los jueces de esta asociación no comparten "algunas de las críticas vertidas, especialmente por algunos responsables políticos, no solo hacia el Tribunal Supremo sino hacia el sistema judicial en su conjunto". Niegan que las decisiones judiciales como ésta "obedezca a presiones o injerencias espurias, a la más remota suerte de servilismo hacia grupos económicos o de otra índole, o a posiciones personales ajenas a la aplicación de la ley".
"NO PASE SU RESPONSABILIDAD AL PODER JUDICIAL"
En este sentido, pide al Poder Legislativo que "no pase su responsabilidad al Poder Judicial", porque para aplicar la ley, atendiendo al principio de seguridad jurídica, antes debe existir un marco legislativo que evite en los "amplios márgenes a la interpretación". "Los Jueces no pueden ni deben convertirse en legisladores, ni son responsables de la pasividad o de la imposibilidad de las fuerzas políticas de buscar acuerdos", dice el comunicado.
Asimismo, la asociación incide en que el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, en el que se resolvían cuestiones como el sujeto obligado al pago de los aranceles notariales, los gastos de tasación y gestoría, o el vencimiento anticipado, se encuentra paralizado desde el pasado mes de marzo en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
Continúa la APM diciendo el si el Poder Legislativo tiene claro quién debe asumir el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, tiene mecanismos, como un proyecto del Gobierno, enmiendas o proposiciones de ley por la vía de urgencia, para resolver el problema "en apenas dos meses" y señalar la retroactividad que considere oportuno.
