MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Alejandro Uría Mendizabal, de 70 años de edad y propietario de la empresa Altuna y Uría, se ha convertido hoy en la primera víctima de los ataques de ETA al proyecto para llevar el tren de alta velocidad al País Vasco, conocido como la 'Y vasca', después de años de sabotajes y amenazas por parte de la banda terrorista.
La propia empresa de la que se ha convertido en la cuarta víctima mortal de ETA de este año fue objeto de un ataque, cuando en marzo del pasado año, varios camiones-hormigonera de la constructora sufrieron daños y pintadas en contra del proyecto del TAV en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, localidad en la que tuvo lugar el atentado de hoy.
Los camiones habían sido estacionados por la noche en el recinto que la empresa tiene en el barrio Madalena de Azpeitia y el día después aparecieron, al menos seis de ellos, con "daños y alguna pintada" en contra de la construcción del Tren de Alta Velocidad. La empresa guipuzcoana, una de las adjudicatarias de las obras del Tren de Alta Velocidad, interpuso una denuncia por estos hechos ante la Ertzaintza.
ATAQUE CONTRA AMENABAR
Este año, el objetivo principal de los terroristas fue la constructora Amenabar. El pasado 1 de junio, un artefacto hizo explosión frente a la sede de la compañía, en la localidad guipuzcoana de Zarautz, provocando heridas de carácter leve a dos agentes de la Ertzaintza y otra persona más.
La empresa ya había sufrido un ataque de ETA el 12 de mayo contra dos de sus excavadoras, que se encontraban estacionadas en el barrio Santa Bárbara de la localidad de Hernani. Las bombas hicieron explosión durante la madrugada, causando únicamente daños materiales en las máquinas, aunque sin destrozarlas en su totalidad.
Poco después, en el mes de julio, la empresa fue objeto de un registro ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con un supuesto intento de extorsión por parte de la organización terrorista.
Además, El 14 de abril, desconocidos incendiaron en Andoain una excavadora de otra empresa adjudicataria de las obras para la 'Y vasca'.
AMENAZAS A LAS EMPRESAS
Meses después, en agosto de este año, ETA reivindicó en un comunicado enviado a Gara estas tres acciones violentas y amenazó directamente a las empresas adjudicatarias de las obras del TAV, a las que considera sometidas a "intereses ajenos a Euskal Herria" y acusa de "enterrar en cemento" el proyecto independentista.
En el comunicado ETA justificaba sus ataques porque esta infraestructura, aseguraba, supone "el ejemplo más claro de la política del PNV y sus acólitos". Acusaba a los empresarios de pretender "enterrar en cemento" el proyecto independentista para garantizar beneficios "al PNV y sus acólitos".
El texto destacaba expresamente la condición de adjudicatarias del TAV de las empresas atacadas --Amenabar, Fonorte y Acciona-- que trabajan para unos "intereses ajenos a Euskal Herria", en la que únicamente dejarán una "cicatriz de cemento".
Meses antes, en una entrevista concendida a GARA y publicada el 5 de enero, la organización terrorista denunciaba que, con el proyecto de la denominada Y vasca, el PNV hubiera "hecho su apuesta desde una perspectiva de política y estabilidad del Estado español" y diseñado "sus estrategias en esa dirección, junto con los poderes de España y un PSOE que está en el Gobierno".
"El proyecto del Tren de Alta Velocidad es una buena muestra de ello, así como el respaldo ofrecido por el PNV a los presupuestos de España", afirmaba. "Una vez más, están apostando a dejar que el conflicto se pudra, sin querer escuchar las sensatas críticas dirigidas por los ciudadanos. Incluso se han atrevido a decir que se trata de un proyecto ecologista, necesario o imprescindible, meras tonterías si no se tratara de un proyecto que hipoteca el futuro de nuestro pueblo", apostillaba.
Para los terroristas, "si se hiciera una reflexión y un debate democrático en torno a las necesidades de Euskal Herria para estructurarse como pueblo y responder a sus necesidades de desarrollo, se vería claramente que el TAV no es necesario".
PROPAGANDA PARA LA KALE BORROKA
Además, en algunas de las últimas operaciones realizadas contra ETA y su entorno, las fuerzas de seguridad han encontrado documentación que les relacionaba con los ataques a la alta velocidad.
En abril de este año, la Policía desarticuló un grupo de apoyo a ETA, con la detención de 12 personas en Rentería (Guipúzcoa), a los que, además de gasolina y pasamontañas, se les incautó propaganda contra el TAV. Además, el grupo de presuntos terroristas callejeros tenía en su poder las direcciones de varios concejales y militantes del PSE en Rentería, localidad que junto a Oiartzun y Lezo formaba el triángulo donde los detenidos cometían presuntamente sabotajes desde 2005.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó prisión incondicional comunicada para cinco de los detenidos --Xabier Lujanbio, Harkaitz Antza, Aitor Alberdi, Aitor Franco y Iosu Arruabarrena--.
RENUNCIA A PARTICIPAR EN EL PROYECTO
Los ataques a estas empresas también se sucedieron en 2007. Sólo en marzo, el Departamento de Interior del Gobierno vasco ya constataba seis ataques. En abril y en noviembre, radicales atacaron varias máquinas de empresas que participan en las obras para llevar la alta velocidad al País Vasco.
Como consecuencia de esta presión, la empresa Excavaciones Ugarte anunció el pasado noviembre que, en agosto del mismo año, había dejado de trabajar en las obras, "ante la reciente campaña de carteles y pancartas aparecidos, tanto en Irún como en la autopista A-8 en estas pasadas fechas".
En un comunicado, la compañía explicaba que "a raíz de la manifestación del pasado 23 de agosto de 2007" en sus instalaciones de Irún por parte de la Coordinadora anti TAV, cesó toda la actividad relacionada con la construcción de la 'Y vasca'. "Posteriormente y hasta la fecha, no se ha vuelto a trabajar para ningún tramo del TAV", insistía.
Por ello, solicitaba que cesara "inmediatamente toda campaña de comunicación y acoso contra Excavaciones Ugarte S.L. por ser totalmente falsa y difamatoria, amén del perjuicio que pudiera crear para el resto de la actividad de la sociedad y de sus muchos empelados".
