Atutxa cree que el Estado debería "desactivar el arsenal legislativo y penitenciario de excepción" y ETA disolverse

BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Sabino Arana, Juan María Atutxa, ha afirmado que ETA "debería hacer su aportación definitiva", reconociendo "su responsabilidad y el daño causado", entregar las armas y disolverse", mientras que el Estado debería "desactivar y dejar sin efecto el arsenal legislativo, procesal y penitenciario de excepción construido a la largo de los últimos años".

Atutxa ha comparecido este viernes en Bilbao, acompañado del director de la revista Hermes, José Antonio Rodríguez Ranz, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria, para presentar un número monográfico de la revista bajo el título central "El Derecho Penal ante el fin de ETA. 24 meses", que recoge reflexiones de diversos expertos en Derecho Penal y una entrevista a Uria.

Este número especial de Hermes es fruto de las "reflexiones" realizadas en el seminario "El Derecho Penal ante el final de ETA", celebrado el pasado 28 de junio, en el que participaron jueces, magistrados, catedráticos de Derecho Penal, abogados y representantes institucionales para abordar como debiera orientarse la política penal y penitenciaria en las "nuevas circunstancias" que se dan tras dos años del cese de la actividad armada de ETA.

En su intervención, el exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento vasco ha afirmado que el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, fue "un día clave en la historia reciente de este país" y supuso "el fin de un periodo negro contaminado por la violencia de ETA y también el fin de la violencia de respuesta, en forma de violencia parapolicial, vulneraciones de derechos, torturas, guerra sucia".

Según ha precisado, "no solo suponía el fin, suponía, sobretodo, el principio de un proyecto colectivo ilusionante: construir una Euskadi en paz, una Euskadi de todos y para todos". Atutxa ha señalado la necesidad de ser capaces de "mirar en el espejo de nuestro pasado reciente, de reconocer el daño causado por la violencia de ETA y la perversión ética, moral y política de la misma, y de reconocer también toda violación de los derechos humanos".

"Todas las víctimas, todas, merecen verdad, justicia y reparación. Nuestra memoria ha de ser crítica, inclusiva, compartida, una memoria más allá de fechas, cifras y frías estadísticas, una memoria con alma y corazón, para, desde esta memoria, construir el futuro, un futuro en el que quepamos todos", ha advertido, para añadir que "no sobra nadie, todos somos necesarios".

Atutxa ha dicho que ETA "debe seguir dando pasos hacia la entrega de las armas y su definitiva disolución", mientras que el Gobierno español "debe superar su inmovilismo y comenzar a dar pasos en la buena dirección, en la dirección de la distensión y el acuerdo entre los representantes políticos". A su juicio, "es la hora del diálogo, de salir de las trincheras, de comenzar a construir puentes, y de superar los esquemas amigo-enemigo".

Para el presidente de la Fundación Sabino Arana, el objetivo es "una sociedad vasca en paz, reconciliada, basada no solo en el respeto sino en el reconocimiento mutuo, y reconstruida sobre la garantía y plena vigencia de los derechos humanos, de todos los derechos para todas las personas".

Atutxa ha insistido en que, "independientemente de los vaivenes, avances y retrocesos del proceso", ETA "debería hacer su aportación definitiva, reconocer su responsabilidad y el daño causado, entregar las armas y disolverse".

Además, ha señalado que el Estado "ha de desandar parte del camino andado, especialmente en los últimos años". En ese sentido, ha señalado que "una legislación de excepción, un Código Penal de excepción, una justicia -en muchos casos- de excepción y un reglamento y unas prácticas penitenciarias de excepción, discutibles en su momento, pudieron minar, a juicio de algunos, la calidad democrática del Estado de derecho".

Atutxa ha advertido de que "la tesis de que todo vale contra ETA supone actualmente, de facto, un recorte de derechos individuales y colectivos fundamentales". En esa línea, ha considerado que la sentencia "unánime" de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de julio de 2012 declarando que la denominada "doctrina Parot" vulnera los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es "una gráfica muestra de esta deriva regresiva del Estado".

A su entender, "el nuevo tiempo exige superar la excepcionalidad y normalizar la política penal y penitenciaria, y sustentar éstas sobre principios generales, universales y garantistas propios de un Estado de derecho".

Por otro lado, ha reconocido que "las soluciones no van a caer del cielo y todos tenemos que esforzarnos para conseguir que avancemos en el camino de la reconciliación, del entendimiento, todo ello sustentado en esa piedra importantísima de cimiento que se puso en este país el 20 de octubre de 2011".

En su opinión, "se está avanzando muchísimo menos de lo que quisiéramos", aunque "no diría que estamos enquistados, porque eso supondría prácticamente la paralización del proceso". "Habiéndose producido una gran noticia el 20 de octubre de 2011, que nadie piense que la solución del problema va a culminarse ni en dos ni en 12 años, sino que tendrá que transcurrir una generación para que las heridas vayan, en cierto modo, cicatrizando".

SEMINARIO

En cuando al seminario celebrado el pasado 28 de junio, el director de Hermes ha dado a conocer las "reflexiones compartidas" por los participantes, "que no conclusiones", entre las que se recoge que, "en los planos legislativo, procesal y penitenciario la lucha contra ETA ha pivotado sobre un régimen de excepcionalidad", así como que "la legislación y las prácticas de excepción contaminan la cultura de los derechos fundamentales".

Asimismo, se recoge la necesidad de "desactivar el arsenal punitivo de excepción y recuperar la normalidad legislativa, procesal y penitenciaria", así como que "el cese de la actividad armada de ETA ha de tener consecuencias en los planos penal, procesal y penitenciario".

Otra de las reflexiones es "la desconfianza generalizada en las posibilidades reales de una modificación legislativa, teniendo en cuenta las mayorías parlamentarias, el enraizamiento de la cultura de la excepcionalidad antiETA en la sociedad española y la deriva regresiva generalizada de las reformas legislativas de índole penal".

No obstante, los participantes creen que "sería posible interpretar y aplicar lo dispuesto en el ordenamiento vigente de manera flexible e inteligente y de conformidad a los requerimientos del nuevo tiempo, especialmente en lo relativo a tipos delictivos de potencialidad expansiva como los de integración, pertenencia y colaboración con banda armada, en el ámbito procesal, y en cuanto al régimen penitenciario y ejecución de las penas, con el impulso, entre otros temas, a la vía Nanclares y la derogación de la doctrina Parot.

Los participantes abogan por la demanda de la transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias en materia penitenciaria y la devolución de la jurisdicción a los jueces vascos de vigilancia penitenciaria. Asimismo, se les antoja "imposible una amnistía o un indulto general" y coinciden en que "el tránsito por la ley es el único camino posible".

"Incluso el limitado marco actual ofrece posibilidades creativas y margen de actuación. Hace falta una pista de evolución para 700 presos", reflexionan, para señalar que "la actitud del Estado es de "inmovilismo belicoso" y que ETA debe "seguir dando pasos con la entrega de las armas y disolución incondicional y siendo considerado interlocutor constructivo de cara al final del proceso".