La Audiencia lleva casi un mes a la espera de conocer la respuesta a la extradición del colombiano acusado de homicidio

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria lleva casi un mes a la espera de conocer la respuesta por parte de las autoridades judiciales de Colombia a la orden de extradición cursada para poder juzgar a Jefferson Escobar, acusado de un delito de homicidio, concretamente, de asestar 12 puñaladas mortales en la madrugada del 23 de marzo de 2002 al joven vasco Víctor Manuel Santillana a la puerta de la discoteca 'Safari', de Castro Urdiales.

Según informaron fuentes judiciales a Europa Press, el 14 de agosto la Audiencia fue informada de que el encausado fue localizado por la Interpol en Colombia, gracias a la Orden de Detención Europea cursada el 1 de junio de 2006, tras la fuga, el 30 de mayo, que Escobar protagonizó de la Prisión Provincial de Santander, escondido entre bolsas de basura.

El mismo 14 de agosto, la Sección Tercera de la Audiencia remitió vía fax y a través del Ministerio de Justicia de España un oficio en el que se ordenaba su detención.

Dos días más tarde, el 16 de agosto, se cursó ya la orden de extradición mediante un segundo oficio también remitido vía diplomática, en el que la Audiencia remitió toda la documentación justificativa, como la copia del auto de prisión y la Orden de Detención Europea.

A fecha de hoy, la Audiencia Provincial no ha tenido nuevas noticias del estado del trámite de extradición, por lo que no se ha podido poner una nueva fecha al juicio, ya que estaba previsto juzgarle este mismo mes bajo la forma de Jurado Popular.

La fuga de Escobar de la Prisión Provincial se produjo tras otra huida anterior que realizó en el año 2002 de España para evadirse de la justicia tras la muerte del joven vasco. Con motivo de encontrarse en paradero desconocido, no pudo ser juzgado en noviembre de 2003, aunque sí lo fue otro compatriota, J.A.O.E., que se encontraba con él en la noche de autos.

El presidente del Tribunal que juzgaba a J.A.O.E. disolvió el jurado popular que debía pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de éste, al tiempo que decidió absolver al procesado -que llevaba 20 meses de prisión preventiva- "por falta de pruebas de cargo" para condenarlo, ya que en las grabaciones de las puñaladas se veía que él no intervino en la pelea.