MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que se investigue al excomisario de Marbella Agapito Hermés, que inició las pesquisas sobre la compra de la casa que tiene el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Estepona, por su posible relación con los seguimientos ilegales de los que fue víctima González en agosto de 2008 en un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia) siendo entonces vicepresidente del Gobierno regional.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de la Fiscalía de Madrid contra la apertura de una pieza separada ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para investigar este asunto.
La pieza separada se abrió el 27 de marzo de 2013 contra el excomisario de Marbella Agapito Hermés por las pesquisas policiales realizas en torno a la vivienda que González tenía alquilada entonces en Estepona y que ahora es de su propiedad --formalizó la compra en diciembre de 2012--.
Este magistrado acordó que este asunto se investigara al margen del procedimiento seguido a raíz de una denuncia de Ignacio González por los seguimientos ilegales que sufrió en Cartagena de Indias cuando era vicepresidente de la Comunidad y portavoz regional.
El Ministerio fiscal en su recurso sostenía que "no existe relación de conexidad entre los diversos hechos que han dado lugar a la formación de una nueva pieza separada y los que hasta entonces han sido investigados por el juzgado de instrucción en el marco de este proceso".
En este punto, los magistrados de la Audiencia de Madrid recalcan que el recurso carece de fundamento, por lo que entienden que debe ser desestimado.
INVESTIGACIONES ILEGALES
Tras ello, alude a los argumentos expuestos por el letrado de la Comunidad de Madrid y señala que "los hechos que han dado lugar a la formación de este proceso se contraen a las investigaciones ilegales de las que había sido objeto el entonces vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid".
Añade que ello "evidenciaría una misma maquinación delictiva, una sola idea criminal, por más que su ejecución se haya desarrollado en diferentes momentos y lugares".
Así, señala que la investigación se inició por los seguimientos ilegales a González durante un viaje oficial a Cartagena de Indias en el cual se obtuvieron imágenes de forma "subrepticia".
Agrega que la investigación "se extendió a la elaboración y divulgación de un dossier en el que se incluían múltiples informaciones personales del denunciante y sus allegados".
Por último, prosigue, la resolución extiende la investigación a "las pesquisas policiales de que supuestamente había sido objeto el denunciante las cuales, según señala el juez, habrían sido ordenadas y ejecutadas al margen de los protocolos policiales y sin contar con la necesaria habilitación judicial".
Para el letrado de la Comunidad, "todas las actividades que están siendo investigadas responden a una misma finalidad, dañar la imagen pública del presidente de la Comunidad y socavar su carrera como servidor público".
Los magistrados concluyen que "no puede descartarse 'prima facie' la existencia de conexión entre todas las actividades delictivas investigadas, por lo que es aplicable el artículo 17.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
