La Audiencia de Málaga juzga mañana al ex alcalde de Gaucín acusado de malversación y prevaricación

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga juzgará mañana al ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho para el que la Fiscalía solicita una pena de un año y medio de prisión y 13 de inhabilitación para cargo público, al acusarle de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, por disponer, presuntamente, de fondos municipales desde 2002 "que pensaba manejar en su propio beneficio y luego restituir".

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, Corbacho "decidió aprovechar que el secretario interventor estaba ausente por vacaciones para disponer de dichos fondos", para lo que, prevaliéndose de su condición, ordenó liberar diversos mandamientos de pago, de cuantías comprendidas entre los 10.000 y los 22.000 euros, "con el pretexto de negociar la adquisición de terrenos de interés municipal".

Los cheques se emitieron contra las cuentas corrientes del Ayuntamiento y en vez de ser nominativos, el procesado dispuso que se extendieran al portador, "presentándolos él mismo al cobro y quedándose con el dinero". Para la acusación pública, entre los meses de diciembre de 2002 y de enero de 2003, el acusado llegó a disponer de unos 200.000 euros.

No obstante, al mismo tiempo "iba realizando reintegros parciales" de diversas cantidades, aunque "no fue capaz de devolver todo el dinero en los plazos que había previsto", según el fiscal, con lo que provocó que a finales de enero de 2003 "el Ayuntamiento carecía de suficiente liquidez para hacer frente a los gastos corrientes y de personal", de lo que el secretario informó a Alcaldía, antes de ir a Fiscalía.

En febrero de 2003, tras saber que sus compañeros de grupo iban a solicitar su dimisión y denunciarlo ante la Guardia Civil por estos hechos, se reunió con ellos y se comprometió a devolver el dinero, para lo que pidió ayuda a amigos y parientes "y logró reunir de forma apresurada la suma que aún debía". Posteriormente, el regidor se negó a celebrar un pleno por estos hechos que habían pedido cuatro ediles.

Así, tuvo que ser la secretaria la que convocara el pleno, aunque el regidor se negó, según sigue el relato del ministerio público, a la entrega de la documentación requerida por los concejales que pidieron el pleno, que se constituyó pero fue suspendido, tras un discurso de 10 minutos, por el procesado, que levantó la sesión, "impidiendo así que se entrara a debatir" el punto del orden del día y pidiendo a la Policía que "desalojara" el salón.