La Audiencia Nacional condena a penas de entre 2 y 7 años de cárcel a seis miembros de un grupo anarquista de Barcelona

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de lo Penal la Audiencia Nacional condenó hoy a penas de entre 2 y 7 años a seis miembros del llamado Movimiento Anarquista Libertario y de la Extrema Izquierda por un total de 17 actos delictivos perpetrados en diversos barrios de Barcelona desde principios de 2002 hasta finales de 2003, tras alcanzar el fiscal Jesús Alonso y las defensas de los acusados un acuerdo de conformidad.

De este modo, el tribunal condena al cabecilla del grupo Joaquín Felicísimo y a los acusados Rafael Tomás Gaspar, Carolina Forné e Igor Quevedo a 7 años de prisión, de los cuales 4 son por un delito de incendio terrorista y los otros 3 años por otro de tenencia ilícita de armas. Además, se les condena a 8 años de inhabilitación, una vez cumplida la pena, y deberán pagar una multa de 1.800 euros.

La Sección Primera de lo Penal, que dictará sentencia firme en los próximos días al anunciar las defensas que no recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo, condena también Roger Grass a 3 años de cárcel y a pagar una multa de 1.800 euros por un delito de incendio terrorista, mientras que Teodoro Hernández tendrá que cumplir 2 años de prisión.

El fiscal Jesús Alonso pedía para cinco de los acusados penas de prisión entre 55 y 144 años y reclamaba para el sexto --Teodoro Hernández-- cinco multas que sumaban cerca de 300.000 euros.

VIOLENCIA CALLEJERA

El escrito de calificación enumera un total de 17 actividades delictivas llevadas a cabo por este movimiento radical que van desde la rotura de las pantallas de los cajeros automáticos de varias sucursales bancarias hasta la colocación de artefactos incendiarios en subestaciones eléctricas, establecimientos de hostelería e incluso contra un convento de monjas, entre otros lugares. Entre estos actos, destaca el envío por correo de un libro-bomba a la Embajada de Grecia en Madrid, que fue desactivado por un tedax del Cuerpo Nacional de Policía.

Durante el registro de los domicilios de los procesados se intervinieron armas de diverso calibre, entre ellas una pistola, dos revólveres y una escopeta de cañones recortados. Según el escrito, los acusados carecían de las licencias de estas armas, las cuales "estaban en perfecto estado de funcionamiento". Las armas fueron adquiridas con el dinero aportado por los procesados Rafael Tomás Gaspar, Carolina Forné e Igor Quevedo Aragay. También se localizó material químico y electrónico para la elaboración de explosivos.