Sólo unos días antes, sí aceptó entregar a dos ex altos cargos de Chávez por considerar que no serán perseguidos al no ser opositores
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado esta semana la extradición a Venezuela de un ciudadano de aquel país, José Ramón Sánchez Rodríguez, al considerar que existe riesgo de que sea sometido allí a "tratos inhumanos o degradantes" en caso de ser encarcelado.
Sánchez Rodríguez está investigado en el país latinoamericano por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por haber participado supuestamente en una serie de complejas operaciones económicas destinadas a la apropiación de fondos ilegales provenientes de mercantiles chinas interesadas en participar en el sector energético del petróleo.
Según el auto de la Sala, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados no advierten en la reclamación de las autoridades bolivarianas "motivación espuria" ni que detrás de ella haya "motivos políticos", si bien consideran que "no procede acceder a la entrega del reclamado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" en relación con el derecho fundamental que recoge la Constitución.
En su artículo 15, la Carta Magna establece que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". Asimismo, el tribunal alude al artículo 17 sobre el derecho a la libertad y a la seguridad. Ambos supuestos, añade, "se hallan siempre concernidos en los procedimientos de extradición".
Esta decisión de la Sección Cuarta contrasta con otras muy similares adoptadas en las últimas semanas, según las cuales se autorizó la entrega a Venezuela de dos ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez, también por presuntos delitos económicos, en concreto, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.
Fueron los casos del exjefe de seguridad de Chávez Adrián José Velásquez y la esposa de éste, Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido presidente venezolano. En ambos casos su defensa también advirtió del riesgo que ambos corrían a ser torturados, si bien los tribunales que examinaron las órdenes de entrega consideraron que la persecución política en aquel país se dirige contra opositores y no contra funcionarios del anterior gobierno, del que es heredero el actual régimen de Nicolás Maduro.
Tanto Velásquez como Díaz Guillén han recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de entregarles a Venezuela, por lo que ambos continúan en España esperando a que se resuelvan.
VEN FACTIBLE QUE DELINQUIERA
Tras examinar el caso de José Ramón Sánchez Rodríguez, la Sala deduce su presunta participación en las operaciones económicas por las que está investigado, si bien tiene en cuenta otros factores para no entregarle, al haber valorado las pruebas aportadas por la defensa de la supuesta violación de Derechos Humanos en el país sudamericano.
Las autoridades venezolanas emitieron la orden internacional de detención del investigado en diciembre de 2017 y hace menos de un mes fue detenido en España. La Fiscalía informó a favor de la extradición al considerar que concurren "todos los requisitos formales exigidos por el tratado entre Venezuela y España", al tiempo que "se cumplen los principios de doble incriminación y mínimo punitivo".
Sin embargo, la defensa aportó documentación de dos socios de Sánchez Rodríguez que sí se encuentran encarcelados en Venezuela por el mismo caso, los cuales aún no han pasado a disposición judicial a pesar de haber sido detenidos hace casi un año y cuyas defensas han denunciado en repetidas ocasiones las condiciones en las que se encuentran.
NINGUNA PETICIÓN ATENDIDA
Según consta en el auto, los abogados de los mencionados investigados han remitido numerosos escritos a distintos jueces venezolanos para solicitar que sus clientes reciban tratamiento psiquiátrico o que sean examinados por un cardiólogo por su "grave situación de salud", que les trasladen para que puedan "recibir luz solar", para informar de que uno de ellos "padece demencia senil y otras patologías" o que han manifestado "ideas suicidas". Sin embargo, no han obtenido respuesta en ningún caso.
En este sentido, la defensa de Sánchez Rodríguez recordó la "existencia de numerosas sanciones a nivel internacional por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por la situación política, social y económica" que se está viviendo en Venezuela desde hace años.
Además, el letrado también alegó la "ilegalidad" que, a su juicio, caracteriza a la propia solicitud de la solicitud de entrega al haber sido interesada por el fiscal general venezolano y tramitada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, "cargos ambos nombrados por la Asamblea Nacional, que fue creada con vulneración de las normas constitucionales de la anterior Asamblea Nacional".
