MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazará que la ministra de Defensa Carme Chacón, al ex titular de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos y el director del CNI Félix Sanz Roldán acudan a declarar como testigos al juicio por el secuestro del atunero español 'Alakrana' como propuso la defensa de los presuntos piratas Cabdullahi Cabduwily, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Aji, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
En su escrito de defensa, los somalíes reclamaban, además, que el jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aclarara si se pagó un rescate por la liberación del atunero, que permaneció 47 días retenido en aguas de Somalia hasta que fue puesto en libertad el pasado 17 de noviembre, y, en este caso, bajo qué precio y condiciones se efectuó. No obstante, la Audiencia Nacional tampoco pedirá los informes elaborados por el CNI sobre al considerar que este extremo no es relevante para juzgar los hechos, informaron fuentes jurídicas.
La defensa también pedía convocar a la prueba testifical al embajador de España en Kenia, Nicolás Martín; el capitán de la fragata Canarias, Ignacio Frutos; el capitán, el oficial del buque y el patrón del 'Alakrana' junto con varios médicos forenses.
El abogado de 'Abdu Willy' y de Raageggesey Hassan Adji, Andrea Chalaris, destacaba en su escrito que los hechos deben ser calificados como un delito de piratería y recordaba que en el momento en que se cometieron, el Código Penal no contemplaba este ilícito, que será incluido tras su reforma con una pena de diez a quince años de prisión.
Con la inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal el próximo diciembre, el letrado señalaba que sería el delito de piratería por el que cabría juzgar a los somalíes, en contra de la petición del Ministerio Fiscal que les imputa 36 delitos de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas. A este respecto, la defensa alegaba que los procesados no iban armados en el momento en que fueron capturados.
En todo caso, proponía que se aplicara a los representados la eximente del miedo insuperable al considerar que actuaron coaccionados por un grupo "especialmente peligroso" que "en cierta medida" sustituía al poder estatal y amenazaba con "severos castigos" a los somalíes que no obedecieran sus mandatos.
"Mis patrocinados fueron ordenados por la fuerza presuntamente a participar en los actos de piratería, y una vez utilizado su buque fueron prácticamente arrojados en el mar (...). Son víctimas en la presente causa de los mismos que han pirateado al buque 'Alakrana'", alegaba.
ARMADOR POCO PREVENIDO
Asimismo, consideraba que existe responsabilidad civil de la empresa aseguradora del buque y añadía que la empresa armadora conocía "la situación político-social en Somalia --no olvidemos el caso del buque 'Playa de Bakio'--". "De cierta forma, la responsabilidad del armador es palpable o, en su caso, del capitán y, porque no, de los propio marineros que conocían los puertos desde los que operan los piratas", indica.
A su entender, el armador tiene "cierta culpa" y debe ser más proclive a contar con un seguro de riesgo teniendo en cuenta la zona peligrosa en la que faena el buque. "Los armadores del buque Alakrana no han tenido ninguna precaución, o en su caso, el buque no estaba preparado para enfrentarse a situaciones 'adversas' ya de antemano conocidas", remarca.
Atribuía también el afloramiento de la piratería en Somalia a la "desaparición del poder estatal" sustituido por "la ley del más fuerte" y "la voluntad de los señores de la guerra o en su caso anarquía". Y explicaba que el país se encuentra en "una situación prehobbesiana, en la que la vida del hombre se vuelve desagradable, brutal y corta" que sufre también la "sobre explotación pesquera" practicada "de cierta forma" por el 'Alakrana'.
PETICIÓN FISCAL
Por su parte, el Ministerio Fiscal pide 220 años de prisión por 36 delitos de detención ilegal --6 años por cada uno-- y robo con violencia y uso de armas (4 años), según su escrito provisional de acusación.
La Fiscalía no ha acusado finalmente a los dos piratas del delitos de asociación ilícita como habían solicitado el jefe de máquinas del 'Alakrana', Victor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez, durante la fase de instrucción.
La consideración de los piratas como miembros de una banda organizada hubiera abierto la puerta a que fueran condenados por delitos de terrorismo, lo que, según fuentes jurídicas, hubiera permitido que los secuestrados pudieran percibir pagos por su condición de víctimas.
El juez Santiago Pedraz concluyó el pasado 19 de julio la investigación del secuestro y mantuvo como procesados a los dos presuntos piratas que fueron detenidos dos días después de que el pesquero español fuera capturado.
Además, el juez decano de la Audiencia Nacional cerró la causa que abrió para investigar el supuesto pago del rescate al considerar que no existía ningún indicio que permitiera averiguar quién participó en las negociaciones para la liberación.
La Fiscalía recuerda en su escrito que el 'Alakrana' fue secuestrado en aguas del Océano Índico el 2 de octubre de 2009 "mediante el uso de la fuerza y la intimidación por parte de un grupo muy numeroso de personas procedentes de la costa de Somalia" con la intención de obtener un rescate del armador del barco a cambio de la liberación de los pescadores.
Con 36 personas, 16 de ellas de nacionalidad española y el resto extracomunitarias, en su interior, el barco en manos de los piratas se dirigió a un puerto considerado seguro para iniciar desde allí las negociaciones para el rescate.
El Ministerio Fiscal destaca que tanto 'Abdu Willy' como Raageggesey Hassan Adji se encontraron entre el grupo de asaltantes y recuerda que fueron detenidos por efectivos de la Fuerza de Actuación Atalanta cuando abandonaban el 'Alakrana' en un esquife.
Tras el arresto, durante el cual Raageggesey Hassan Adji mostró resistencia y fue levemente herido por disparos de advertencia de los militares, se localizaron en la pequeña embarcación 16 bidones de combustibles y efectos robados del atunero como teléfonos móviles de la tripulación y una navaja de Albacete.