El Tribunal sostiene que la ex directora de Planificación, María Jesús Otero Rebollada, trabajaba con la "anuencia" de su superior el Consejero de Educación y Ciencia
Las investigaciones siguen realizándose "a buen ritmo" y la Audiencia no descarta "nuevos imputados"
OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha acordado desestimar la petición de libertad provisional de la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, María Jesús Otero Rebollada, al no descartar la posibilidad de riesgo de fuga y de que la imputada pueda alterar fuentes de prueba o tratar de influir en testigos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
La ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, María Jesús Otero Rebollada, ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza el 26 de enero de 2010, implicada en una supuesta trama de contrataciones ilegales en el seno del Gobierno regional.
El Tribunal ha estimado que existen indicios de los delitos apuntados en el auto recurrido en tanto que la imputada, supuestamente, "con abuso de la funciones de su cargo de Directora General de Planificación, Centros e infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, con la anuencia de su superior el Consejero Riopedre, y previo concierto con los representantes de determinadas empresas".
Según la Audiencia, la imputada "dispensaba un activo trato de favor a las mismas adjudicándoles continuadamente obras o servicios públicos a cambio de recibir importantes sumas de dinero que eran ingresadas en alguna de sus trece cuentas bancarias personales o bien en cuentas de empresas vinculadas a sociedades en las que la misma participaba con otros familiares y/o amigos".
Según el presidente de la Sección Octava, Bernardo Donapetry, la vía utilizada puede ser también inicialmente calificada como posiblemente prevaricadora, "pues no en vano existía una permanente coincidencia entre las empresas de los coimputados que presentaban ofertas, con las que eran previa y finalmente elegidas, lo que va más allá de la simple casualidad y sólo se explica mediante la existencia de la concertación previa".
De estos hechos existe documentación bancaria, numerosos datos aportados por la Agencia Tributaria e informaciones de terceros que la imputada en su declaración no ha podido desvirtuar, ya que además dichos indicios delictivos, resultan no sólo de lo antes apuntado sino también de las abundantes intervenciones telefónicas acordadas, de las estrechas relaciones personales y de confianza existentes entre los imputados, según la Audiencia.
Además existen pruebas del estudio de la documentación y datos aportados por entidades bancarias, de los datos aportados por la propia Administración del Principado de Asturias, de los estudios e investigaciones llevadas a cabo por la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Policía Judicial y de las propias declaraciones de los intervinientes y testigos que hasta la fecha han sido examinados.
MÚLTIPLES ACTOS DE SOBORNO
Con los antecedentes existentes, el Tribunal afirma que no cabe excluir la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como constitutivos de un delito de cohecho, que al ser continuado por estar integrado por múltiples actos de soborno, conllevaría la imposición de una pena en su mitad superior es decir de hasta seis años de prisión, o cuatro años de prisión en caso más favorable.
Concurre, por tanto, según la Audiencia Provincial, la amenaza de una pena grave que en los estadios iniciales de la Instrucción es el primer motivo a considerar para valorar el riesgo de fuga, teniendo, además, en cuenta los importantes recursos económicos con que cuenta la imputada.
El tribunal no descarta que aunque la imputada tenga sus bienes embargados, disponga de otros bienes desconocidos para la investigación o que incluso puedan estar a nombre de terceros o pertenecer a sociedades de las que es partícipe, sin que tampoco se pueda descartar que personas próximas pudieran prestarle auxilio.
Finalmente, la Audiencia Provincial destaca que las investigaciones siguen todavía practicándose "a buen ritmo", siendo prueba de ello el hecho de que el sumario todavía permanece secreto, "por lo que pueden aparecer todavía nuevos elementos de incriminación o incluso nuevos imputados, que en el momento actual se encuentran pendientes de practicar importantes diligencias de investigación".
La jueza de Instrucción, Ana López Pandiella, ha ordenado la apertura y estudio de los archivos informáticos incautados a los imputados.
