MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El arquitecto Alfredo Batuecas Torrego defendió hoy como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid en la pieza desgajada del "caso AVE", relativa al presunto pago cheque de 901.518 euros por parte de Seat al ex embajador alemán Guido Brunner, la legalidad de las licencias concedidas para reestructurar el complejo que tenía la compañía automovilística en el Paseo de la Castellana, en Madrid.
La Sección Cuarta continuó hoy los interrogatorios a los testigos propuestos por el fiscal Luis Martín Rodríguez, que solicita para los acusados, entre ellos la ex responsable de finanzas del PSOE Aída Álvarez, penas que oscilan entre los 5 y los 10 años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad en documento oficial y delito fiscal.
La Fiscalía de Madrid mantiene en su escrito que a finales de los años 80, el Consejo de Administración de Seat "tenía prisa en vender cuanto antes" dos de los cuatro edificios de la parcela, una vez que estuviesen transformados sus usos industriales a terciarios exclusivos --para instalar oficinas--. Según el fiscal, Álvarez y Juan Carlos Mangana, ligado también al PSOE, se "concertaron" para intermediar e influir a los técnicos municipales para emitir favorablemente las licencias.
Batuecas, uno de los arquitectos a quien Seat encargó el estudio del proyecto de remodelación de los edificios, insistió en que la licencia de parcelación cumplió "fielmente" la normativa urbanística vigente en 1985, aunque reconoció que en su tramitación hubo "discrepancias" con el arquitecto de la Junta Municipal de Chamartín Javier Aguirre de Palacio, para quien el fiscal pide 5 años de cárcel por falsedad.
OBSTÁCULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
En la sesión compareció también el abogado José Noguera Sánchez, que entonces representaba a Seat, y el ex gerente del concesionario Castellana Motor Gabriel Revuelta Laso. Mientras que el primero sostuvo que no tuvo conocimiento de que hubiese habido problemas en la concesión de las licencias, el segundo reconoció que conoció por "comentarios" que la Junta Municipal de Chamartín trató de obstaculizar la autorización.
Revuelta, quién firmó la solicitud de la licencia de obras de 1988, explicó que cuando Seat decidió vender parte de los terrenos de la compañía, siempre "estuvo claro que Castellana Motor se quedaría ahí donde estaba". También quiso aclarar ante el tribunal que "el contenido de la solicitud la llevaran a cargo los técnicos municipales" de la Junta Municipal.
Por su parte, Noguera, quien solicitó a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid la licencia de parcelación, explicó que en aquellas fechas Seat le encomendó las gestiones para la venta de dos de los edificios, aunque le "comentó que se llevase a cabo la parcelación completa de toda la parcela". A preguntas sobre quién tomó esa dirección, apuntó que "las decisiones de este tipo las toma el Consejo de Administración".
Andalucía
