La AVT pide personarse como acusación popular en la causa en la que están procesados miembros de ETA y las FARC

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió hoy personarse en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que procesa a seis presuntos etarras y siete miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos.

En un auto hecho público ayer, Velasco dicta orden de busca y captura para doce de los procesados --todos menos la integrante de la Comisión Internacional de las FARC Remedios García Albert, que vive en España-- y solicita su extradición a los Gobiernos de Venezuela y Cuba, países en los que residen en la actualidad.

El objetivo de la AVT personándose en la causa es denunciar los "estados santuarios" de terroristas para lograr que no se les de "cobijo" en ningún lugar del mundo. "Venezuela dice ser un país democrático --expuso el colectivo de víctimas--. Si así lo es debería comenzar por mandar ante la justicia a todos los terroristas que tiene en su territorio y demostrar el compromiso que su gobierno dice tener en la lucha contra el terrorismo".

El auto del juez Velasco que procesa a seis etarras y siete miembros del grupo colombiano denuncia la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre ETA y las FARC.

MEDIDAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

"Si por el contrario no atiene a las demandas internacionales contra los terroristas que disfrutan de sus vacaciones de 20 años de sol y playa, debería ser entonces la comunidad internacional quien tomara medidas en el asunto. No importa cuáles: extradiciones, boicot económicos, leyes internacionales sobre terrorismo,...", advirtió la AVT.

El colectivo de víctimas presidido por Juan Antonio García Casquero considera así "paradójico" que un miembro de una organización terrorista pueda ser tratado como "un angelito de la caridad" en Venezuela y recordó que el terrorismo es "una amenaza global" y es labor de la comunidad internacional contrarrestarla. "Si algún Estado no se suma a la lucha contra esa lacra, deberá ser la comunidad la que exija responsabilidades y tome las acciones pertinentes", insistió.

COLABORACIÓN ETA-FARC

Entre los procesados se encuentra el etarra Arturo Cubillas Fontán, que en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras por el Ejecutivo de Hugo Chávez, mientras era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC. El auto recuerda que en 1990 se casó con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, que ocupa desde enero de 2007 el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

El juez también detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC --Edgar Gustavo Navarro Morales, 'El Mocho', y Víctor Ramón Vargas Salazar, 'Chato'-- se trasladaron a España y pidieron "colaboración" a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y "más recientemente" trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Los etarras procesados son Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. El juez imputa a todos el delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos; y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.

Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Omar Arturo Zabala Padilla, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.