MARBELLA (MÁLAGA), 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Félix Romero, ha anunciado este jueves que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado la pretensión de la empresa Lardea SL de cobrar al Consistorio una indemnización de 25 millones de euros por la anulación de una licencia "ilegal" de obras concedida en la era Gil.
Romero ha explicado que la sentencia se remonta a una licencia otorgada en el año 1998 para la construcción de 240 viviendas en la zona de Pecho de las Cuevas, un proyecto que "suscitó un enorme rechazo en la ciudad" y que supuso la primera anulación de un permiso de obras por parte del Ayuntamiento.
Después de un largo procedimiento judicial "hemos logrado una resolución judicial que da un espaldarazo a los planteamientos que defiende este Ayuntamiento en todos los tribunales y sirve de precedente para futuras sentencias, que no es otro que defender que nuestra institución no puede ser responsable, por vía indemnizatoria, del otorgamiento de licencias de obras cuando, por parte del beneficiario, debía conocer que dichos permisos no se concedían en situación de legalidad, como demuestran incluso los informes".
"Es un precedente muy importante que va en la línea doctrinal que mantiene el Ayuntamiento ya que las consecuencias de las sentencias y anulaciones de licencias ilegales podrían llevar, en caso contrario, a comprometer la viabilidad económica de la institución local", ha apuntado el concejal en un comunicado.
En cuanto a los antecedentes, el portavoz ha detallado que una vez que se anuló la sentencia, la empresa realizó una reclamación de responsabilidad al Ayuntamiento en la que solicitaba 17 millones de euros. Dicha reclamación fue desestimada por los tribunales en una sentencia dictada el 28 de enero de 2010, con la que el Ayuntamiento entendía que el procedimiento quedaba cerrado.
Sin embargo, paralelamente a este procedimiento se desarrolló otro que tenía por objeto recurrir la anulación de la licencia que había llevado a cabo el Consistorio por parte de la empresa. Este proceso culminó con una sentencia del órgano judicial competente en el que establecía el derecho a la entidad a mantener la licencia y a decretar, por tanto, que la anulación no correspondía, ha explicado Romero.
Este hecho reabrió la reclamación por parte de la empresa "y lo que en principio eran 17 millones de euros se elevaron hasta los 25 millones", ha señalado el edil, quien ha afirmado que, finalmente, el auto dictado el pasado 9 de febrero de 2012 desestima esa pretensión y se convierte en una resolución judicial "muy importante para el Ayuntamiento".
