Ayuntamiento de San Sebastián rechaza una declaración institucional del PNV en apoyo a Ibarretxe y a las instituciones

Actualizado: martes, 27 febrero 2007 19:23

A pesar de incluir a López y Ares en el texto, el PSE lo rechaza y acusa al partido jeltzale de hacer "demagogia política retardada"

SAN SEBASTIAN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP y PSE en el Ayuntamiento de San Sebastián rechazaron hoy la declaración institucional propuesta al pleno por PNV y EA en defensa de las instituciones, en la que se rechazaba la causa penal abierta contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y se pedía "su archivo inmediato".

Pese a que las enmiendas para incluir en el texto los nombres de los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, que fueron aprobadas por la abstención del PSE en la votación de las mismas, el documento propuesto por los jeltzales no salió adelante.

En la declaración, se consideraba la apertura de proceso penal contra el lehendakari por el TSJPV una "grave y abusiva intromisión de un órgano jurisdiccional en el ámbito político". "Este afán exhibido por determinados representantes de la justicia de encausar al máximo representante institucional de Euskadi, así como a otros parlamentarios vascos, puede derivar en una auténtica criminalización de la propia actuación política de los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos", señalaba el texto.

El portavoz del PSE-EE, Ramón Etxezarreta, afirmó que su formación no aceptaba la propuesta jeltzale porque "cada vez que se critica al PNV o a alguien del PNV en este país se está diciendo que se critica a la institución". "Ya vale, porque nosotros hacemos bien la declaración de la renta", ironizó.

Etxezarreta subrayó que el PSE "no está contra el país" al tiempo que remarcó que "el PNV, lo mismo que la justicia, es criticable y la actividad de los dirigentes del PNV es igual de criticable que cualquier sentencia o decisión judicial".

En ese sentido, insistió en que su partido "no va en contra de ninguna institución" y preguntó a la formación jeltzale "dónde estaba su solidaridad" cuando el concejal de Deportes, Denis Itxaso, y el alcalde, Odón Elorza, fueron requeridos judicialmente por el acto de Batasuna en el Velódromo de Anoeta. Por último, acusó al PNV de hacer "demagogia política retardada" y de intentar "patrimonializar lo que está ocurriendo en el país y de decir que los únicos perseguidos son ustedes".

"LÓGICA DEMOCRÁTICA"

Por su parte, el portavoz del PNV, Xabier Ezeizabarrena, consideró que la causa abierta contra el lehendakari es "una situación inaudita que quiebra las reglas del juego" al tiempo que explicó que su proposición pretendía "devolver la lógica democrática a las instituciones". Asimismo, criticó la Ley de Partidos y este tipo de procedimientos "inadecuados" que "restringen el derecho de reunión" para valorar finalmente el "compromiso" de Ibarretxe, López y Ares "por la paz".

La edil del PP, María José Usandizaga, expresó su rechazo a la propuesta del PNV y se negó a que en el pleno municipal donostiarra "se pretenda politizar la gestión municipal, politizar la actuación de la justicia y consentir que se desafíe al Estado de Derecho como la hacen Ibarretxe, López y Ares reuniéndose con los dirigentes de una organización ilegal".

Usandizaga remarcó que tanto al lehendakari como a los dos dirigentes socialistas citados "no se les está anulando ningún derecho" porque todos ellos "gozan de todas las garantías legales, incluso más que las de cualquier ciudadano español". "Como políticos, gozan de privilegios como la inviolabilidad parlamentaria, el suplicatorio o el aforamiento ante tribunales colegiados", agregó.

A su juicio, Ibarretxe "se equivocó al decir que sólo un país de locos puede encausar a su presidente por hablar con las distintas sensibilidades políticas", ya que "tal afirmación no la puede hacer un presidente autonómico, que debe ser el primero en dar ejemplo ante la ciudadanía, cuando la justicia cumple con su obligación de examinar la legalidad de su actuación".

Por último, afirmó que "un Estado de Derecho se convierte en un país de locos cuando la clase política, por la razón que sea, aspira a convertirse en una casta de intocables".