VIGO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Vigo celebra hoy un pleno para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad, que inició su tramitación en 2002, y lo hará con los votos favorables de BNG y PSdeG, y el voto negativo del PP, además de la oposición de otros colectivos ciudadanos.
La sesión extraordinaria, convocada para las 9.00 horas, a la misma hora a la que la Federación Vecinal convocó una concentración frente al Ayuntamiento para protestar por la "inseguridad jurídica" del nuevo Plan. Dicha convocatoria no pretende, según la federación, "ni crear tensiones ni interrumpir el desarrollo de las actividades institucionales".
El pleno de hoy supone la culminación de un proceso que se inició en 2002, con un gobierno local bipartito (BNG-PSdeG) presidido por el nacionalista Lois Pérez Castrillo. Entonces se pusieron la bases para iniciar el trabajo de redacción del nuevo planeamiento, que debería sustituir al Plan de 1993 (todavía en vigor), que fue aprobado por unanimidad, y que se caracterizó por su inseguridad jurídica y por las numerosas sentencias judiciales en contra.
Tras la redacción del avance en tiempos de Castrillo, la tramitación del documento sufrió una parálisis con la llegada a la alcaldía del socialista Ventura Pérez Mariño. De hecho, sus diferencias con el BNG en materia de Urbanismo motivaron la ruptura de ese bipartito y favorecieron que Corina Porro (PP) asumiese el Gobierno en minoría, con 10 concejales.
GOBIERNO DEL PP.
Porro retomó la tramitación del planeamiento y lo sometió a Pleno en una sesión celebrada el 30 de diciembre de 2004, marcada por los incidentes y por las protestas vecinales, y que tuvo que finalizar a puerta cerrada en dependencias de la alcaldía. En dicha sesión el PP y el BNG dieron su voto favorable a la aprobación inicial del Plan, el PSdeG votó en contra y el Partido Galeguista de Manuel Soto se abstuvo.
Una vez superado este trámite, se abrió un período de exposición pública en el que se presentaron 61.000 alegaciones y que estuvo marcado (al igual que el resto de la legislatura) por las críticas de algunos colectivos ciudadanos y del grupo municipal del PSdeG que, encabezado por el edil Mauricio Ruiz Ceniceros, criticó la "desproporcionada edificabilidad" prevista, la falta de información, la primacía de la especulación y otras cuestiones del documento.
RECHAZO DE LA XUNTA.
Durante meses los técnicos de la Gerencia de Urbanismo trabajaron en la incorporación de las alegaciones que consideraron posibles y el Pleno volvió a votar el Plan General en mayo de 2006. En ese momento, a los votos favorables de populares y nacionalistas, se sumaron también los dos ediles del Partido Galeguista.
El plan, apoyado por 19 votos de los 27 posibles, fue remitido a la Consellería de Política Territorial que, desde ese momento, envió varios requerimientos al Ayuntamiento olívico para que aportase documentación e informes que faltaban en el PGOM, entre ellos, el de la inviabilidad de la aplicación de la evaluación estratégica ambiental, informes de la Dirección General de Costas, etc.
Entre junio y noviembre de 2006, el Gobierno de Vigo envió periódicamente diversos informes demandados por Política Territorial, que consideraba que el Plan tenía deficiencias en cuestiones como la demarcación de la línea de protección costera, errores en la clasificación del suelo, o ausencia de infraestructuras.
Finalmente, el 19 de enero de 2007, el departamento que dirige María Xosé Caride informó desfavorablemente el Plan de Vigo y advirtió de que había errores de dimensionamiento, en la proyección del número de viviendas, falta de garantía en los servicios y en el abastecimiento y saneamiento, y errores en la clasificación del suelo en determinados ámbitos, por lo que instó al Ayuntamiento a corregir el PGOM.
NUEVO GOBIERNO.
A pesar de que el equipo redactor y los técnicos municipales introdujeron gran parte de los cambios solicitados por la Xunta, las formaciones políticas acordaron suspender la tramitación del Plan hasta después de las elecciones municipales de mayo, tras las que Vigo pasó de un gobierno del PP a un bipartito (PSdeG-BNG) encabezado por el socialista Abel Caballero.
El Plan General se incluyó como factor decisivo en el pacto de Gobierno y el alcalde asumió el compromiso de aprobarlo antes de finales de 2007, hacerlo con seguridad jurídica y ampliar la reserva de suelo para vivienda protegida del 20 al 40 por ciento.
Precisamente ese cambio provocó el malestar de ciertos sectores, como promotores inmobiliarios, empresarios y federación vecinal, que consideran que se vulnera la seguridad del documento y que se perjudica a los pequeños propietarios de fincas (especialmente en el rural) porque se devalúan sus terrenos. Asimismo, el PP rechaza ahora el Plan por considerar que es inseguro y que divide a la ciudad en "barrios ricos y pobres".
