VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, acusó hoy a los magistrados Fernando Ruiz Piñeiro, presidente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y Antonio García, integrante de esta misma sala y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de ser los "impulsores del procesamientos contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y de tener "prejuicios políticos e ideológicos".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Azkarate anunció además que el Gobierno vasco ha concluido la elaboración del escrito de recusación contra ambos jueces, que será presentado mañana o el jueves, "a más tardar" y que constará de trece fundamentos.
La portavoz del Ejecutivo autonómico denunció que el colectivo que preside García "agrupa a los jueces y magistrados más conservadores de la carrera judicial", y tras indicar que Ruiz Piñeiro "pertenece igualmente a esta asociación", recordó a la ciudadanía que "la otra asociación más significativa que reúne y representa a jueces y magistrados se denomina Jueces para la Democracia".
"La conclusión es bastante evidente y quizá nunca como hasta ahora sean necesarios jueces para la democracia, en la medida que la democracia es la máxima expresión del diálogo con todos y entre todos y el símbolo del respeto y la convivencia", añadió.
Respecto a los magistrados, dijo que ambos "en distintos momentos y grados, han demostrado públicamente poseer prejuicios de carácter político e ideológico" que "les incapacitan para cumplir con el principio y el derecho básico y fundamental de toda persona a ser juzgado por un magistrado imparcial".
Asimismo, consideró que ambos "han perdido la objetividad, la neutralidad y la imparcialidad necesarias e imprescindibles para juzgar al lehendakari por hablar con Batasuna". "De hecho, estamos convencidos que nunca la han tenido", matizó.
En su opinión, "han demostrado tener un interés directo en esta causa" y ambos, además, "están contaminados desde el punto de vista legal al haber participado en la fase de instrucción de la misma".
También agregó que los dos jueces "han rechazando todos y cada uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía; todos y cada uno de los argumentos de la defensa; han olvidando las resoluciones del propio Tribunal Superior; las expuestas por del Tribunal Supremo y las suyas propias; y han dado permanentemente la razón al Foro de Ermua".
"Han dejado al juez instructor la vía libre para llevar a cabo el encausamiento penal del lehendakari, objetivo que han tenido desde el mismo momento en el que el Foro de Ermua presentó su querella", lamentó. En este sentido, aseguró que estos magistrados "no han sido ajenos a la causa, más bien al contrario", y "han sido impulsores del procesamiento penal contra Ibarretxe, demostrando claramente sus convicciones ideológicas y sus prejuicios políticos".
ESPACIO IDEOLOGICO
Para Azkarate, las manifestaciones y actuaciones de estos magistrados "coinciden con el espacio ideológico en el que desarrollan su labor el Foro de Ermua y el PP", partido que "les puso en los cargos que ocupan a través del control que han ejercido y ejercen en el Consejo General del Poder Judicial". "No es inocuo recordar que este Consejo lleva un año en funciones fruto de la negativa del PP a modificarlo, y es evidente el afán de control de la justicia existente desde que el PP tuvo responsabilidades de gobierno", denunció.
Sobre este tema, añadió que "hoy en día basta con saber qué magistrados componen una sala para conocer de antemano la resolución que adoptará", antes de recordar que "la situación del Constitucional es más que paradigmática". Azkarate indicó que hace un año que el Ejecutivo "puso un recurso de amparo ante el Constitucional", y dijo que "hoy es el día en que ni siquiera ha tomado la resolución de si lo admite o no a trámite".
"Estando, como están, en entredicho los derechos fundamentales del lehendakari, a nadie de este tribunal parece importarle esta grave situación", criticó. Además, manifestó que "es público y notorio que el Gobierno de Zapatero ha hablado con ETA y con Batasuna", y señaló que "el Supremo ha establecido que hablar con Batasuna no es delito", al igual que ha hecho la Audiencia Nacional.
"Pero todo esto de nada ha servido porque quienes decidieron llevar adelante esta farsa propia de una justicia clara y evidentemente politizada contra el lehendakari han seguido su camino", advirtió, antes de explicar que en el escrito de recusación "está acreditada la parcialidad de ambos a través de diversas intervenciones públicas y la publicación de artículos de opinión".
La portavoz del Gobierno vasco insistió en que los dos jueces "han acreditado tener un interés directo en la resolución de la causa penal contra Ibarretxe" y "que ésta tenga una resolución condenatoria y afín a las tesis defendidas por el Foro de Ermua y plenamente coincidentes con los postulados que defiende el PP".
"Han dejado en papel mojado todos los derechos que el lehendakari tiene como persona elegida democráticamente para liderar la política de este país; han penalizado el diálogo como instrumento de acción política; y se ha truncado el sistema de separación de poderes, de tal forma que la labor de un Gobierno ya no queda controlada por el Parlamento sino por los jueces en la vía penal", denunció.
Por último, aseguró que "lo único que ha movido al lehendakari ha sido dar cauce a uno de los máximos anhelos de la sociedad vasca", como es "construir un proceso de paz e impulsar el diálogo como medio para alcanzar acuerdos políticos que nos permitan conseguir la normalización política de Euskadi". "Ningún juez o magistrado que utilice la Justicia con fines políticos nos va a distraer de la labor y la responsabilidad que como Gobierno tenemos", concluyó.
ESCRITO DE RECUSACION
En el escrito de recusación se indica que "los dos jueces publicaron un artículo de opinión amenazante hacia quienes se atrevan a criticar el encausamiento de autoridades públicas el 26 de noviembre de 2006"; que el 17 de enero de 2007 "Ruiz Piñeiro intervino en un foro criticando a quienes vean política tras el caso Ibarretxe"; y que "polemizó en los medios de comunicación con la portavoz del Gobierno vasco sobre las actuaciones realizadas en la causa".
Respecto a García, se informa de que "en una entrevista opinó sobre la conexión de esta causa con el archivo por el Supremo de la denuncia del sindicato Manos limpias contra el presidente del Gobierno español por la reunión que el PSOE celebró con Batasuna"; y de que "intervino en tertulias televisivas mostrándose como intenso activista político en favor de la máxima exclusión de la izquierda abertzale", y en los medios de comunicación "criticando las iniciativas políticas del lehendakari".
Piñeiro, por su parte, también "comentó la inclusión en el sumario de un informe de la Guardia Civil y opinó sobre aspectos relacionados con la causa"; en el acto de Apertura del Año Judicial, el 19 de octubre del 2007, "reiteró su voluntad de opinar sobre este caso", y en otra entrevista "mostró su convicción de que reclamar a jueces que colaboren en un proceso de paz es un delito".
Además, los dos "han profundizado de manera intensa en el fondo de la causa durante su participación en las decisiones judiciales de la sala; se han manifestado contrarios al criterio del Supremo sobre el fraude constitucional que suponen las llamadas querellas políticas contra el Gobierno; se han comportado en sentido distinto de decisiones que han tomado recientemente, y se han posicionado de manera intensa sobre la inadecuación jurídica de la apertura de un juicio penal sin la acusación particular de ningún perjudicado directo".