El juez Grande-Marlaska no admite a trámite la recusación planteada por Batasuna contra él
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral, y las acusaciones populares en nombre de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Justicia y Dignidad, pidieron hoy al juez Fernando Grande-Marlaska que suspenda la Asamblea convocada por Batasuna para el próximo sábado en Baracaldo (Vizcaya), atendiendo a la "muerte civil" de dicha formación política derivada de su ilegalización por el Tribunal Supremo.
Además, reclaman al magistrado que decrete la suspensión general de actividades de Batasuna por dos años. El juez ha citado a partir de las 16.00 horas de hoy a las partes personadas para comunicarles su decisión al respecto.
La vista sobre la suspensión de actividades de Batasuna, celebrada hoy en la Audiencia Nacional, tuvo lugar tras rechazar el magistrado la recusación presentada contra él por el partido ilegalizado, que le acusó de tener interés en la causa y haber perdido de esa forma la imparcialidad, ya que entienden que ha actuado por presiones políticas y al margen de la legalidad.
El juez rechazó tramitar la recusación atendiendo a que la querella formulada hoy mismo por Batasuna en el Supremo contra él, por prevaricación, no ha sido admitida a trámite, requisito que la Ley impone actualmente para cursar este tipo de incidentes. Además, rechaza tener interés directo en la causa, como sostiene el partido ilegalizado. De haber admitido el incidente, debería haber pasado el caso a su compañero el juez Santiago Pedraz, para que resolviese la recusación, lo que habría retrasado la decisión sobre la suspensión del acto de Baracaldo.
POSICION DEL FISCAL
Fuentes jurídicas señalaron que el fiscal argumentó su petición de suspensión de actividades diciendo que Batasuna "existe de facto, pero no de derecho", es decir, que aunque la sentencia del Tribunal Supremo, que ilegalizó la formación en marzo de 2003, supone "su muerte civil", como recientemente dijo el Constitucional, ello no le ha impedido seguir actuando y convocando ruedas de prensa y actos, como el del próximo sábado.
Por ello, en su opinión, deben suspenderse sus actividades y el propio congreso convocado en Baracaldo, ya que el efecto pretendido por la sentencia de ilegalización dictada por el Supremo no se ha producido, ya que la formación sigue actuando. Similares argumentos utilizaron los abogados de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura, y de Justicia y Dignidad, José María Ruiz, para pedir la suspensión de actividades de Batasuna y la prohibición del acto del sábado.
AVT: DETENCION DE LOS ORGANIZACIONES
El letrado de la acusación que ejerce la AVT fue aún más lejos y llegó a solicitar la identificación y detención de los organizanizadores de la asamblea nacional de Batasuna por un delito de colaboración con ETA, ya que en los carteles convocantes aparece el anagrama de la organización terrorista ETA.
El letrado José María Ruiz se limitó a pedir al juez que se suspenda el acto del sábado y que se comunique la decisión del magistrado, para que sea efectiva, a la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la consejería vasca de Interior, Policía, Guardia Civil y Ertzaintza, y al propio BEK de Baracaldo, donde está previsto celebrar la asamblea de Batasuna.
BATASUNA: COMO SUSPENDER ALGO INEXISTENTE
La defensa de Batasuna, ejercida por la letrada Jone Goirizelaia, argumentó durante la vista que no era ella quien decía que el partido del que fue parlamentaria vasca no existía, sino que lo decía el propio Tribunal Constitucional, por lo que no podía decretarse la suspensión de actividades de una organización inexistente.
Además, criticó la rapidez con la que se había actuado en esta ocasión, de cara al acto del próximo sábado, si las propias acusaciones argumentan que Batasuna ha seguido actuando a pesar de la sentencia del Supremo.
La abogada, que había intentado en vano impedir la celebración de la vista mediante la interposición de una recusación y una querella ante el Tribunal Supremo, insistió al abandonar la Audiencia Nacional en la "presión política inaceptable" que en su opinión sufre el juez, ya que, entre otras cosas, destacó que el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, visitó hoy el Juzgado Central de Instrucción número 5, antes de que se celebrara la vista.
En la querella presentada ante el Tribunal Supremo por prevaricación se afirma que "el querellado actúa por impulsos ajenos a su propia función o potestad jurisdiccional. Se deja llevar por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación, y es a ese impulso al que obedece su actuación", que más adelante califica de "torticera".
La recusación recuerda que el pasado 26 de agosto el juez no consideró necesario renovar la suspensión de actividades, porque ya existía la sentencia de ilegalización del Supremo, y el pasado día 13 convocaba para la celebración de la vista de hoy "sin especificar con relación a qué empresa o entidad se citaba para dicha comparecencia".
"Toda esta actividad judicial se había puesto en marcha, tras una campaña de prensa orquestada por determinado partido y concretas organizaciones, de cuyas denuncias se hicieron eco varios medios de comunicació, pretendiendo que se impidiera un acto político que se decía convocado para el día 21", señala el escrito.
En opinión de Batasuna, el juez debería abstenerse de instruir la causa con Batasuna por falta de imparcialidad e interés manifiesto en el procedimiento, o, en caso contrario, tramitar la recusación.
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