MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sala Penal del Tribunal Supremo acordó hoy la inadmisión a trámite de la querella por prevaricación presentada por Batasuna contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien ayer suspendió durante dos años las actividades a dicho partido.
El Supremo argumenta que el auto del juez Grande-Marlaska, tildado de resolución injusta y prevaricadora por Batasuna --en el que se acordó pedir a Policía y Guardia Civil informes sobre las actividades políticas de esa formación--, supuso una aplicación correcta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, por lo que los hechos objeto de la querella no son constitutivos de delito.
El auto del alto tribunal explica que la inadmisión "ad limine" de una querella "no es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que la conducta o los hechos imputados carecen de ilicitud penal".
El Supremo insiste en que la prevaricación "requiere que la aplicación del derecho sea arbitraria o injusta, es decir, que la norma haya sido aplicada tergiversando su contenido o con expresión ya acuñada en el contexto de este delito 'retorciendo' la norma aplicada". Para determinar si ha sido así o no, debe examinarse con detenimiento cuál fue la decisión del juez cuestionada.
En el caso concreto de la querella presentada por Batasuna contra Grande-Marlaska, se trata del auto del magistrado del pasado día 10 en el que solicitaba a la Policía y a la Guardia Civil que en el plazo de 72 horas presentaran un informe sobre si el partido ilegalizado seguía actuando de forma pública y, en concreto, si tenía previsto en un futuro inmediato celebrar actos públicos, como presentar a su nueva Mesa Nacional.
Esta petición la cursó el juez en la causa que sigue contra la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna, en la que el 26 de agosto de 2002 el juez Baltasar Garzón decretó la suspensión de actividades de Batasuna, por lo que la petición de informes por parte del magistrado Grande-Marlaska respeta la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.
Aunque la medida de suspensión de actividades no fue prorrogada el pasado mes de agosto, al entender suficiente la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna en marzo de 2003, el juez Grande-Marlaska volvió ayer a ordenar su suspensión de actividades por un periodo de dos años.
La interposición de la querella fue uno de los argumentos utilizados por la defensa de Batasuna para recusar a Grande-Marlaska en un intento de impedir la celebración de la vista del artículo 129 del Código Penal en la que el juez acordó volver a suspender las actividades de la formación y, en concreto, la asamblea nacional que ha convocado para el próximo sábado.