Batasuna.- López Aguilar cree que el Gobierno no queda desautorizado por la decisión del juez Grande Marlaska

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, consideró hoy que el Gobierno "en absoluto" ha quedado desautorizado, como afirma el Partido Popular, por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de prohibir el congreso de Batasuna el próximo sábado en Barakaldo (Vizcaya).

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, respondió al PP que esas afirmaciones "serían risibles de no ser porque resultan una expresión dolorosa, una vez más, de cómo el Partido Popular se empeña en hacer demagogia en un asunto sensible que no la admite", que es "la unidad de los demócratas no solamente en lo que concierne a la lucha contra el terrorismo, sino también en el respeto a las instituciones del Estado de Derecho".

Cuestionado por la posibilidad que tiene el Gobierno de instar al fiscal general del Estado a que actúe en un sentido o en otro, contestó que "es un equívoco muy difundido" pensar que "el Gobierno puede relacionarse con el Ministerio Fiscal a través del fiscal general del Estado".

Además, apuntó que este, según él, "equívoco" está extendido "seguramente como consecuencia de las malas prácticas" hechas hasta ahora "y que tuvieron muchos ejemplos en la legislatura anterior de instrumentalización directa y mecánica, muchas veces obscena del Ministerio Fiscal a través del fiscal general del Estado por el Gobierno".

López Aguilar precisó que lo que el Gobierno puede hacer es "interesar del Ministerio fiscal, a través del fiscal general del Estado, directrices generales de política criminal, por tanto de priorización de determinados delitos". "Pero el Gobierno no puede ordenarle al Ministerio Fiscal a través del fiscal general del Estado que actúe en un procedimiento penal específico haciendo esto o lo otro", aclaró.

El ministro explicó que la ilegalización de Batasuna no implica calificar "de delincuentes a todos y cada uno de sus miembros ni a sus votantes, podrán serlo o no, pero deberá determinarlo en cada caso la justicia".

"Pueden reunirse y pueden manifestarse, lo que no pueden hacer es acceder a las instituciones si no cumplen con las reglas del juego. Esto no quiere decir que una reunión sea un derecho fundamental ilimitado. Puede ser intervenido, pero no por el Gobierno, por un juez penal si la considera penalmente ilícita", señaló.

Con respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien la semana pasada dijo que la Ley de Partidos era "muy restrictiva" y apeló a la necesidad de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad de reunión, explicó que el jefe del Gobierno con esas palabras recordó "algo elemental", que el derecho de reunión "está protegido por la Constitución, no necesita autorización previa y sólo puede ser impedida su celebración si se la puede calificar penalmente como reunión ilícita" porque esté "diseñada para cometer delitos".

Y, añadió el ministro, "quien sólo puede calificar si una reunión es lícita o no penalmente, de acuerdo con el Código penal, es el juez penal, no el gobierno. Por tanto, el Gobierno no tiene acción para impedir una reunión, no se lo puede pedir ni el Partido Popular ni nadie, porque la Constitución lo prohíbe".

En este sentido, consideró "razonable que el Gobierno recuerde que el derecho de reunión no ha quedado intervenido por la declaración de ilegalización de la antigua Batasuna y que por tanto personas que pertenecieron a esa organización se reúnen (...) sin que nadie pueda decir que eso es una burla al Estado de Derecho".

LEY DE PARTIDOS Por otra parte, indicó que entre los compromisos del Gobierno no figura "modificar la Ley de Partidos y mucho menos derogarla" y recordó que esta norma no sitúa fuera de la ley "ni pretensiones ni sectores de la sociedad".

El ministro respondía así al ser preguntado si, debido a la situación actual del terrorismo de ETA, que lleva casi tres años sin matar, en esta legislatura la Ley de Partidos por la que se ilegalizó a Batasuna podría someterse a una revisión.

Tras señalar que esa opción "no está en los compromisos" del actual Gobierno, recordó que cuando los socialistas votaron a favor de esta norma, precisaron que con ella no situaban "fuera de la ley ni pretensiones ni sectores de la sociedad (...) porque sencillamente son parte de la sociedad".