El ministro de Justicia propone endurecer las penas para pederastas y centralizar los registros sobre delincuencia
MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció hoy durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados una reforma del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que obligue a sus miembros a comparecer en el Parlamento y a cesar una vez concluya su mandato, con el fin de terminar con una situación como la actual, con un consejo en funciones desde el 7 noviembre de 2006 debido a la falta de consenso entre los grupos políticos para renovarlo.
La obligación de los miembros del Poder Judicial de comparecer en Cortes, según Fernández Bermejo, "no atenta a la separación de poderes ni a la independencia del Poder Judicial", tal y como se ha señalado en algún momento. "Las cortes generales representan al pueblo español y no es de recibo que este órgano pueda ver perjudicada su competencia por comparecer ante los representantes del pueblo español", insistió.
La citada reforma legislativa irá dirigida también a lograr el "cese efectivo" del órgano de Gobierno de los jueces cuando los vocales concluyan su mandato, regulándose "de forma pormenorizada" las capacidades del Consejo en funciones. Para lograr dicha reforma, el titular de Justicia afirmó que el Gobierno "está abierto al diálogo".
A lo largo de su intervención inicial en la Comisión de Justicia, que se prolongó por espacio de hora y media, Fernández Bermejo insistió en que esta legislatura será fundamentalmente "de gestión" y estará dirigida a la modernización de la Administración de Justicia mediante la informatización de la misma y la racionalización de los recursos, para lo que comenzó diciendo que venía "pidiendo y solicitando diálogo" a todos los grupos.
Entre las medidas en las que trabaja su Departamento, destacó la creación de un registro de penados por delitos de pederastia que estará en marcha en el primer trimestre de 2009; la centralización posterior de los registros sobre violencia de género y de penados en general, de forma que la información sobre la situación procesal de delincuentes pueda sea compartida por jueces, fiscales, policías y demás intervinientes en el procedimiento penal o el "avance" en la creación de Consejos autonómicos del Poder Judicial.
